El estado de alarma para hacer frente a la pandemia del coronavirus, fue una decisión que supuso un ejercicio de madurez repentina de los españoles, en las cuales nos vimos inmersos no por deseo sino por obligación. La decisión de aplicar el estado de alarma, como prevé el artículo 116 de la Constitución, era para frenar una emergencia que amenazaba la salud de todos. Se habló de madurez ciudadana, de responsabilidad de los españoles y españolas, se alabó sus cooperación para intentar frenar la pandemia. Pero, no fue una obligación voluntaria, sino que el Consejo de Ministros se reuniera de forma extraordinaria para decretar un estado de alarma, solicitando su autorización al Congreso de Diputados, con medidas de severa restricción al movimiento de personas y la actividad económica. Fue obligado y aún así costó 98 días bajar las cifras inquietantes de contagios y fallecidos.

En total fueron cuatro fases (0, 1, 2 y 3), de forma gradual y asimétrica en cada territorio, hasta alcanzar la llamada “nueva normalidad”, cinco prórrogas del estado de alarma hasta el 7 de junio.  El Gobierno cedió a las autonomías la gestión de la fase 3, se aprueba un decreto con las medidas que regirán la movilidad y la actividad después del estado de alarma, la responsabilidad deja de ser del Gobierno de España pasando a ser de cada autonomía. «En la nueva normalidad son las CCAA quienes tienen plena gobernanza. A ellas les corresponde identificar y hacer el seguimiento diario de cualquier nuevo caso, así como tomar las decisiones correspondientes para la contención de los posibles brotes» 

Cada gobierno autonómico ha adaptado las restricciones instauradas en el estado de alarma a su medida, el Ministerio de Sanidad publicó el 16 de junio un documento que desglosaba sus recomendaciones para la detección precoz y vigilancia de los positivos. Se llamaba a las autonomías a garantizar un método de notificación que permitiera una acción rápida con rastreadores, tener una atención primaria fortalecida y vigilar el rendimiento de los centros sanitarios para evitar un nuevo colapso del sistema. Pero, aparecen los primeros rebrotes, el rastreo no funciona, la sensación de que no aprendemos de nada, que no hay directrices claras, ni siquiera para el uso obligado de mascarilla en todas las autonomías. Llegamos de nuevo tarde y se apela de nuevo, a la responsabilidad y a una obligación voluntaria a la ciudadanía, que casi nadie respeta.

Las CCAA tienen el control de la pandemia. lo cual permite un control más directo de los brotes locales, pero, brotes como los de Aragón o Catalunya hacen aconsejable imponer medidas de control, imponer una limitación de la movilidad, tener rastreadores para poder tomar medidas, un incremento significativo de PCR, para que los datos que pueden cambiar de un día para otro, pueda haber una uniformidad de las reglas para atajarlos. No basta con pedir a los ciudadanos que no salgan de sus casas, que no hagan fiestas, que no se vayan a sus segundas residencias,… Hemos olvidado demasiado rápido los errores cometidos, para volverlos a repetir, el virus sigue entre nosotros y no hay vacuna. Nuestros políticos. sean nacionales o autonómicos, siguen sin enterarse, porque ni existió madurez repentina de los ciudadanos durante el estado de alarma, ni se les puede pedir que de una forma voluntaria y responsable los ciudadanos se queden en sus casas. Son los políticos los responsables de tener una guía de actuación a nivel nacional para que no vuelva a desatarse una nueva crisis de contagios y fallecimientos. Ya están tardando…

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