Todos los individuos hemos de estar protegidos por los derechos sociales, que tienen como objetivo defender a la personas ante la ley, en aquellos aspectos en los que se puedan sentirse desprotegidas y solventar las desigualdades que existen entre las clases sociales. En la Constitución Española dice en el Artículo 1.1 que: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho,…», lo cual significa que no basta con tener derechos civiles como la vida, integridad física y moral o la libertad y la seguridad personal, hay que tener leyes que preserven los derechos sociales que eviten la exclusión, la discriminación, la explotación y la desigualdad de las personas afectadas. Derechos como estar sujeto a la protección social en casos de necesidad; derecho a un empleo y a una remuneración digna; derecho a una vivienda; derecho a la alimentación y a los recursos necesarios para vivir; derecho a la sanidad, a la educación, a la cultura…

El relator especial de la ONU sobre pobreza extrema Philip Alston, ha llegado a una conclusión después de su visita oficial a España que hay “un porcentaje inusual de población que vive al límite y tienen dificultades para sobrevivir”. «He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país (…) barrios pobres “con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados”, afirma el experto en derechos humanos, que asegura que la recuperación tras la recesión solo ha beneficiado a las empresas y a los ricos. En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los niños, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa. La tasa de desempleo del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la UE, y ha sobrepasado el 30% para los menores de 25 años.

Esta es la España que no se ve en los medios de comunicación, la que no le interesa al gobierno de la nación, ni a los presidentes autonómicos, ni a los alcaldes de los principales municipios: la que vive en los extrarradios de las grandes ciudades, los campamentos de migrantes empleados en explotaciones agrarias. Todas esas personas que están en una pobreza generalizada, que no tienen un sistema de protección social que le acoja, que están en desempleo o en trabajos precarios que les convierte en pobres, que tienen una crisis de vivienda sea en propiedad o alquiler, que no tienen futuro porque la sociedad les ha arrebatado su presente de dignidad. Personas que no tienen derechos sociales: españoles y migrantes.

Una España donde demasiada gente están pasando apuros, donde la supuesta recuperación de la crisis ha dejado a muchas personas atrás, donde se ha recortado en todo lo social y lo público. Donde según el relator especial de la ONU sobre pobreza extrema Philip Alston: «Entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24%, mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%» Esta es la España de la desigualdad que se ceba con aquellos colectivos que han sido excluidos por alguna circunstancia social o política: mujeres, niños, personas con alguna discapacidad y otros grupos minoritarios, pero también cada vez más, personas que no hace mucho no tenían dificultades económicas y ahora se han convertido en pobres.

Un comentario sobre “Los derechos sociales en España.”

  1. A partir de principios de enero llegan a la provincia de Huelva, más de 20.000 temporeras contratadas en Marruecos para participar en la campaña agrícola, fundamentalmente, en la recolección de la fresa. A lo que hay que sumar miles de temporeros inmigrantes con y sin contrato de trabajo para la recolección de frutos de hueso, cítricos y vendimia en muchas provincias de España. Los temporeros inmigrantes, se han convertido en otra vergüenza social, personas que vienen a España a buscar trabajo en temporadas ocasionales, para realizar trabajos que no pueden o no desean realizar los autóctonos del lugar.

    El campo ha sido abandonado por las Administraciones y los bajos precios que perciben, les ha llevado al abandono de las actividades frutícolas por parte de los trabajadores nacionales. La mano de obra del campo se ha cubierto con los inmigrantes, procedentes del norte de África y de la zona subsahariana, con relaciones laborales sospechosas, remuneración de las horas de trabajo por debajo del convenio colectivo y de jornadas laborales, aparte de unas pésimas condiciones de habitabilidad.

    «Como animales» y «en condiciones mucho peores que un campamento de refugiados», así ha descrito el relator de Extrema Pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Philip Alston, refiriéndose a la situación de los inmigrantes en Lepe (Huelva). En su informe preliminar indica que los migrantes «están a kilómetros de distancia del agua y viven sin electricidad o saneamiento adecuado», «condiciones inhumanas». Todos lo hemos visto en la televisión o en otros medios, pero nadie hace nada. Las fresas, melocotones, cerezas y uvas que nos comemos son fruto de la explotación y casi de la esclavitud de miles de personas que vienen a España a trabajar.

    Los culpables no son solo los empresarios agrícolas, son también las grandes cadenas de Distribución y los precios ridículos que pagan a los agricultores. Sin olvidar unas Administraciones que miran hacia otro lado y se sorprenden cuando hay informes que lo denuncian. Si mi protesta es a las prendas y artículos fabricados en este mundo global, por situaciones de trabajo rozando la esclavitud, también es a esta agricultura, donde se olvidan todos los derechos sociales de las personas. Es hora de regular un sistema comercial alternativo al convencional, un comercio de precio justo que luche por la justicia social.

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