El pleno del Congreso ha aprobado con el apoyo de todo los grupos parlamentarios, excepto Vox, la regularización de inmigrantes de alrededor de 500.000 extranjeros que residen en España, estimando en consideración la iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por 611.821 firmas y que inicia a partir de ahora su trámite. Un proceso de regularización de personas que hoy viven en España de manera irregular y con el objetivo de acabar con esta enorme bolsa de sin papeles, que les impide acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación. La regularización de inmigrantes no es una cosa nueva, desde las regularizaciones en los años 1985-1986, 1991 y 1992, en la época de Felipe González; en 1996 con José María Aznar; y la última en 2005 con José Luis Rodríguez Zapatero.
En España sabemos bastante de emigración, en el transcurso del siglo XX, unos seis millones de españoles abandonaron su país de origen en la década de 1930, se dirigieron a América, entre la década de 1950 y la de 1970, una mayoría prefirió asentarse en países de Europa septentrional. Durante el último tercio del siglo XX, España dejó de desempeñar el papel de país productor de emigrantes y se convirtió en un país receptor no sólo de trabajadores extranjeros, procedentes principalmente del Norte de África y América Latina, sino de inmigrantes jubilados de otros países de la Unión Europea. Las corrientes migratorias se invirtieron en España, mientras se reducía el número de emigrantes, el de inmigrantes siguió aumentando a un ritmo sostenido.
En enero de 2024, el número de inmigrantes que residían en España sin nacionalidad española, según el INE ascendía a aproximadamente a 8,7 millones de personas, que suponen el 18,05% de la población. La población de España aumentó en 85.870 personas en el cuarto trimestre del 2023, hasta alcanzar los 48.592.909 habitantes a 1 de enero de 2024; este incremento, evidente, se debe única y exclusivamente a la masiva llegada de extranjeros. Muchos inmigrantes trabajan ilegalmente en España. No debemos olvidar que los inmigrantes legales y los no autorizados están desempeñando un papel muy importante en la economía española.
Los inmigrantes son fuerza laboral en el sector servicios, seguido del sector agrícola. el sector de la construcción y partes de la industria. Aparte de la proporción de mujeres dedicadas a las labores del hogar. En 1985 regía la primera ley española en la materia, la Ley de Extranjería, que cobijaba la regularización de inmigrantes, con sus derechos y libertades en España. En esa legislación se encaraba la mayor parte del fenómeno migratorio como algo temporal, centrando las disposiciones en torno al control de los inmigrantes que habitaban ya en territorio español. En 1996 se promulgó el reglamento de desarrollo de esta ley en el que se abordó la inmigración como un fenómeno estructural y se reconoció a los extranjeros una serie de derechos subjetivos gracias al empadronamiento. Entre estos figuran el acceso a la educación, la igualdad y el derecho a la asistencia letrada y a contar con un intérprete a la hora de tratar con las autoridades.
La regularizaciones de inmigrantes han acabado todas por surtir muy poco efecto, sigue habiendo un alto número de inmigrantes sin la documentación necesaria para vivir o trabajar en España. El Estado español está más preocupado por reducir el ritmo de la inmigración y concentrar la atención en la protección de las fronteras. La normativa de extranjería debe llevar aparejados procedimientos de normalización de los extranjeros en España. Nunca sabremos con exactitud a cuánto asciende realmente el número de inmigrantes irregulares porque son numerosos los que desconfían de estas medidas o de los que pueden ver amenazado su status en la economía sumergida si acceden a una regularización necesaria.
Los ciudadanos podemos participar de forma directa en la elaboración de las leyes a través de las iniciativas legislativas populares (ILP). Pero no es sencillo que lleguen a votarse en el Congreso. La mayoría cayeron porque la Mesa las inadmitió a trámite, porque no alcanzaron el número suficiente de firmas o porque sus promotores las retiraron. La propuesta de regularización de inmigrantes, ha contado con el apoyo de 611.821 firmas, gracias al respaldo del PSOE y sus socios parlamentarios, con el voto del PP y la negativa de Vox. La ILP busca regularizar a aquellos que puedan acreditar una residencia continuada en España de al menos dos años, así como un contrato de trabajo en vigor o la demostración de arraigo social.
Hasta 800 ONG se han unido en el proyecto ‘Esenciales’ para reclamar una regularización extraordinaria. El texto otorga al Gobierno un plazo de seis meses para aprobar un real decreto que establezca el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que estén en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021. Esta regularización no significa un «efecto llamada» como mantiene la ultraderecha, sino la regularización de los derechos fundamentales de estos individuos. Porque parece que queremos inmigrantes para que nos hagan los trabajos que no queremos los nacionales, pero con condiciones casi de esclavitud.