La Ley prevé mecanismos para el cumplimiento de cada pena y tiene unos beneficios penitenciarios y su forma de aplicación, para que se cumpla una sentencia de una manera más laxa. Así, se contempla el régimen de semilibertad, ofreciendo la posibilidad al penado de realizar actividades encaminadas a su progresiva incorporación a la sociedad, como salidas puntuales de prisión, cumplimiento de la pena con la realización de actividades formativas o laborales en el exterior o simplemente la obligación de asistencia para dormir en prisión. Las Juntas de Tratamiento de las tres prisiones catalanas donde permanecen los condenados por sedición, han propuesto que los nueve presos del «procés» sigan cumpliendo su condena en tercer grado penitenciario, lo que  equivalente a la semilibertad, la última palabra  la tendrá el Tribunal Supremo.

La ley penitenciaria, marca que a los presos se les debe revisar la clasificación penitenciaria cada seis meses, que por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. Lo normal es que los presos de segundo grado, los que permanecen casi todo al tiempo en prisión tengan beneficios penitenciarios, en función de su evolución en prisión, sus relaciones familiares y personales. No es una excepción para los condenados por el «procés», en un proceso normal en las cárceles españolas. Que nadie busque explicaciones erróneas, ni buscarle tres pies al gato, la Justicia dictaminará si pueden o no disfrutar de dichos beneficios penitenciarios.

Pero, aparte de cuestiones políticas, de culpabilidad o no, de penas ajustadas o no, nunca se nos debería de olvidar, que la cárcel no es un sitio de venganza, sino de rehabilitación. Aunque no exista el perdón y el arrepentimiento por parte de los independentistas, que debería ser un motivo para poder beneficiarles, sin que hayan cumplido el tiempo de condena estipulado para ello. De todas formas, el tercer grado no es una eximente de la pena sino una forma de cumplirla. Lo dice la Ley. Olvidemos intereses partidistas o presiones políticas, la Fiscalía pedirá primero al juez de vigilancia penitenciaria y luego al Tribunal Supremo que revoque el tercer grado de los presos, ahora solo falta esperar y respetar las decisiones de la Justicia.

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