No puede haber paz, ni honores para los malvados, no es cuestión de odio eterno a los asesinos de una Guerra Civil y una dictadura. No puede haber paza, mientras miles de españoles y españolas, esperan sus exhumaciones, enterrados en fosas anónimas. No puede haber asesinos con honores y que se haya olvidado el reabrir las fosas de los cadáveres de las personas fusiladas, como forma de un ejercicio básico de justicia y dignificación. Si esto es una necesidad, también lo era que Queipo de Llano, un militar cruel que invitaba a violar mujeres y que ejecutaba a los que no pensaban como él, no podía descansar en la basílica de la Macarena de Sevilla. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defiende que la política “debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos”, le doy la razón: las circunstancias de las muertes que han sido reconstruidas a partir de familiares y vecinos, constituyen parte de la memoria histórica y eso también es un problema de los vivos.

No puede haber paz para los malvados, como Queipo de LLano, Franco o José Antonio, nadie les puede negar un sitio para guardar sus restos, pero sin honores, sin privilegios. Nunca se ha aceptado que las atrocidades cometidas en la Guerra Civil se considerarán como «crímenes de guerra». Es una asignatura pendiente para nuestra democracia, el trabajar para documentar, aportar información y entregar a la justicia de todas esas personas que cometieron crímenes de guerra. Y, que se exhume a los más de 100.000 desaparecidos en la Guerra Civil. Esos muertos de la Guerra Civil, que no son muertos en la guerra, que son civiles que no habían cogido un arma en su vida, que fueron sacados de sus casas y asesinados. Esto pasó en España y fue un crimen contra la humanidad, donde se ha olvidado reparar a sus familias. Es necesario juzgar a los responsables, y hay que reparar. No puede solucionarse con una Ley de Amnistía de 1977 como una ley de punto final, donde se olvidaron los Derechos Humanos y prevaleció la inmunidad del franquismo.

No puede haber paz para los malvados, no es venganza, es justicia, para esos familiares que quieren recuperar a sus seres queridos para darles sepultura, un acto que cierra el círculo y que es primordial para muchos. Los familiares no pueden intentarlo por sí solos, con pico y pala, es una responsabilidad del Estado, como lo es respetar la Ley de Memoria democrática como deber moral de la democracia, para con las víctimas. La democracia no puede permitir que quede impunes las barbaridades que se cometieron, para que nunca vuelva a suceder.

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