La derecha pretende derogar las diferentes leyes de memoria democrática de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón que gobierna el PP y Vox, por una «ley de Concordia», que justifican para enmendar el «relato partidista» y la «visión ideologizada de la historia» que, a juicio de PP y Vox, se impuso con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que incide en la reparación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La derecha pretende con el Plan de concordia democrática, reconciliación, recuerdo y reconocimiento de las víctimas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa. Incluyendo según ellos todas las victimas, desde las de la Segunda República hasta el terrorismo etarra e islámico de nuestros días.
La derecha pretende igualar el período de la Segunda República, a la Guerra Civil, a la dictadura franquista o el terrorismo de ETA. Un «totum revolutum» igual que la extrema derecha de Vox ha conseguido eliminar cualquier alusión oficial a la violencia de género o violencia machista en los gobiernos autonómicos que gobierna junto al PP; porque afirman que está politizado, y sustituirlo por «violencia intrafamiliar». En definitiva, eliminar el término memoria democrática por el de concordia, por cuestiones políticas. Donde se pretende eliminar el mapa de fosas, el inventario de lugares de memoria, las subvenciones públicas y excluir a las asociaciones memorialistas de la comisión de exhumaciones.
La justificación de una «concordia» por parte de la derecha para hacer cambios legales, supone un claro propósito de frenar y dar marcha atrás a las políticas de memoria democrática, donde las asociaciones y familiares de las víctimas de la Guerra civil y del franquismo han tenido sin ayuda institucional alguna, hacerse cargo de las exhumaciones, investigaciones y homenajes a las víctimas. La derecha pretende dar justicia y reparación a todas las víctimas, pero obviando a las víctimas del terror franquista y a sus familiares, que durante años fueron olvidadas. Y, sin embargo las otras, los llamados «caídos por Dios y por España», recibieron atención y ayudas por el gobierno franquista.
El mayor desprecio a los muertos durante la Guerra Civil y el franquismo fue abandonarlos en una cuneta como si fueran basura. Todos los Gobiernos de España han abandonado a las víctimas del franquismo y sus familiares. Las carreteras de España fueron un cementerio clandestino y aún lo son. Muertos sin reconocer y olvido en cunetas y cementerios, con los cuerpos en capas, separados por tierra y cal, que representan una violencia sistemática que no ha sido reparada aún por la Justicia. La derecha pretende preservar las dos Españas: los muertos que tienen nombre y memoria y los que no. Un relato que justifica la dictadura franquista y sus crímenes, porque en la en la guerra murió gente de ambos bandos, sí, pero que nunca será lo mismo luchar del lado del fascismo a luchar para combatirlo, queriendo mezclar las víctimas de la contienda con las de la represión dictatorial posterior, la del período de la República y el terrorismo etarra y yihadista.