España, con más de 114.000 desaparecidos, es el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas de desaparición forzosa, cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. Las investigaciones más precisas, avaladas por la Audiencia Nacional, contabilizan hasta 113.000 civiles desaparecidos asesinados en la Guerra Civil y el franquismo. de los cuales se han podido exhumar y entregar a sus familiares a 6.300 en los últimos catorce años. Resulta inadmisible que España,un Estado democrático siga olvidando el derecho a la exhumación de cadáveres,que están en las cunetas, en los bosques, junto a las tapias de los cementerios, en agujeros, enterrados como animales, que son victimas de una guerra y de una dictadura pero también parte de la memoria histórica de todos los españoles.

El gobierno de Zapatero aprobó la Ley de la Memoria Histórica (2.007) y unas ayudas públicas para la exhumación por proyecto de fosas comunes, pero las ayudas han ido desapareciendo con el gobierno de Mariano Rajoy. Solo el esfuerzo y tesón de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica permite seguir luchando contra el olvido de esas decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes.

Sin olvidar los 12.410 cadáveres desconocidos que aún reposan en el templo del Valle de los Caídos, el  monumento que Franco ideó para inmortalizar su victoria, otro tema olvidado que se cerró únicamente con la prohibición de celebrar allí actos políticos.

Los organismos internacionales como la ONU han reclamado repetidamente a España que se investigue tanto los crímenes del franquismo como los desaparecidos de la dictadura y adoptar las medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía. La Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa instaba al Gobierno español, a crear una comisión de investigación sobre los crímenes de la dictadura. La recuperación de la memoria histórica no supone reabrir heridas, es simplemente justicia y el derecho a conocer nuestro pasado.

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