El Congreso ha tomado en consideración por mayoría absoluta la Ley de amnistía, una ley de concordia y de olvido para el Procés. Una declaración del Poder Legislativo, no del Judicial, ni del Ejecutivo, que su objeto principal es el “olvido”, donde se reconoce que el Estado ha actuado “injustamente” con los imputados por el Procés, en definitiva, que todos los hechos derivados no pueden considerarse “delito”. El Legislativo despenaliza o cambia la tipificación de un hecho, impide a los jueces juzgar ese hecho. Ahora, el texto pasará a comisión para poder recibir las enmiendas de los grupos parlamentarios, aunque tienen que ser modificaciones que respeten los acuerdos con Junts y que no tengan ningún atisbo de inconstitucionalidad.
Una vez termine esa fase, la ley deberá ser de nuevo votada y aprobada en el Congreso de los Diputados. Después, pasará al Senado, donde el PP utilizará su mayoría absoluta para aprobar una reforma reglamentaria que le permitirá levantar la declaración de urgencia que han impulsado PSOE y Sumar en el Congreso. Eso supondrá dilatar la puesta en marcha e incluso su veto, que deberá ser revisado su texto una vez más por la Cámara Baja, hasta su posterior aprobación. Una ley de amnistía que será aprobada democráticamente, que se podrá estar o no de acuerdo, pero que nunca se debería decir, como ha dicho el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que ha llegado a decir que el Pleno de hoy ha sido el «más triste desde el 23-F».
La ley de amnistía independientemente de que se defienda que esté dentro o no de la Constitución española, es una “excepción”al principio general, que existen en toda democracia y su justificación se puede encontrar en principios como la concordia. La amnistía, a diferencia del indulto, es general e incluye la reparación y el reconocimiento de lo sucedido. Que para algunos supone un debilitamiento del Estado de Derecho. olvidando el principio de igualdad de todos ante la ley y que los jueces hagan su labor, es decir, juzgar los asuntos judiciales y no tenerlos que archivar definitivamente por orden del poder legislativo. La concordia con el independentismo catalán, debería ser suficiente argumento para empezar todo este proceso de amnistía “para la normalización institucional, política y social en Catalunya” subrayando que el mecanismo de la amnistía es para hacer borrón con las causas penales, contables y administrativas vinculadas al procés y comenzar de nuevo un proceso que nunca se hubiera tenido que judicializar.