Hoy la Ley de Amnistía de 1977, cumple 40 años desde su promulgación. Una ley que buscaba perdonar y pasar página sobre “los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”. La Ley de Amnistía de 1977 tuvo un carácter de urgencia, con el fín de facilitar la paz social, y en tal sentido fue útil, pero sin embargo se convirtió en la excusa perfecta de los poderes del Estado para rechazar cualquier petición de Justicia por parte de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Tomando una de las principales reivindicaciones de la oposición antifranquista: Libertad y Amnistía, se hizo una ley impulsada por las fuerzas parlamentarias progresistas y nacionalistas que buscaba sacar de las cárceles a miles de presos políticos. Con la excusa de la “reconciliación nacional” y alegando la existencia del “ruido de sables” tanto Felipe González (PSOE) como Santiago Carrillo (PCE), aceptaron todas las condiciones para aprobar una ley que garantizaba que no se juzgaría a ningún responsable, torturador o asesino de la dictadura, obviando que los delitos de lesa humanidad no prescriben.

Esta Ley de Amnistía de 1977, es una ley de punto final de la dictadura franquista que impide que prospere cualquier petición de verdad, justicia y reparación de las víctimas de esa dictadura: la verdad ya la sabemos y para que haya reparación, antes tiene que haber justicia. Es necesaria la derogación de esta ley, para que se garantice que se puedan juzgar en España los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista,

Tanto el Partido Popular. el PSOE y Ciudadanos han boicoteado cualquier intento de investigar y juzgar los crímenes del franquismo, dejando desamparados a los ciudadanos, entidades o instituciones que reclaman delitos cometidos durante la dictadura o simplemente ofrecer financiación por parte del Estado para la exhumación de cadáveres de las más de 2.500 fosas comunes. La propia ONU ha señalado al Estado español como el segundo país del mundo con más fosas comunes después de Camboya.

La Transición española fue el paso de una dictadura a una democracia, en nombre de una reconciliación nacional, y con la aprobación de la Ley de Amnistía que evitó que se juzgasen los crímenes de la  dictadura, y permitió  que torturadores, ministros franquistas y demás cargos políticos sigan libres. Ni con la aprobación de Ley de la Memoria Histórica de Zapatero, se planteó derogar la Ley de Amnistía para que se pudiera juzgar a los culpables y reconocer a las víctimas. Toda amnistía es un olvido jurídico del crimen, pero no es una negación del mismo. Los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, que no pueden ampararse en su invalidez por el paso del tiempo, según el Derecho Internacional y sobre ellos no puede haber olvido jurídico.

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