Desobedecer la ley casi siempre tiene consecuencias penales, desobedecer la ley por razones superiores, por ejemplo democráticas, no debería ser motivo suficiente en un Estado democrático, en el que puede haber normas injustas o mal hechas, pero  también hay mecanismos legales previstos: desde recurrir a los diversos Tribunales a votar para cambiar los gobiernos y las leyes. Lo más peligroso no es desobedecer la ley, sino “las razones” que fundamentan esa violación de las normas. En Catalunya, desobedecer la ley se ha convertido en un grave problema, fundamentado en unas reivindicaciones de independencia y en unas razones superiores como el mandato democrático. Quizás, pueda parecer un mandato de naturaleza divina o divinizado en la práctica: el deseo de un nacionalismo catalán frente a un nacionalismo español. 

No me importan los países y las banderas, me importa lo mismo Catalunya que España. La existencia de países ha marcado una historia plagada de errores, siempre con rivalidad, con adversarios, con fronteras, con guerras. No es necesario organizar el mundo en tantos países para preservar la diversidad cultural, es cuestión de la cultura del respeto, no es necesario crear tantas fronteras para preservar las culturas, los idiomas, las costumbres. Es necesario, un mundo más global que se preocupe de las injusticias y no tanto de los nacionalismos. No hace falta tantos gobiernos identitarios y más un sistema de convivencia global, justo y equitativo a nivel mundial. La historia nos ha demostrado que no es tan importante la caída de imperios y países, lo único que prevalecen son las personas. 

El nacionalismo catalán es tan malo como el nacionalismo español, si el nacionalismo catalán tiene sus reivindicaciones justas o injustas, el nacionalismo español se convierte dominante y por supuesto en contra. Las leyes no favorecen a los nacionalismos minoritarios, por lo tanto, solo queda la opción de incumplir las leyes, pero sin respetar las normas es imposible un Estado de Derecho y la convivencia. En Catalunya en los últimos años se ha desobedecido la ley: con las distintas resoluciones del Tribunal Constitucional sobre la celebración de un referéndum de independencia; por aprobar una ley de transitoriedad para ser aplicada como Constitución, por votar en el Parlament una declaración unilateral de independencia. Y, todo esto ha supuesto unas consecuencias penales y sociológicas.

Podemos no estar de acuerdo con las actuaciones de los respectivos Gobiernos de España, de la judicialización de la política, de la privación de libertad de los exconsejeros catalanes, pero incumplir la ley no es la solución. El principio de legalidad es un principio fundamental de convivencia, todo lo que emane del Estado debe estar regido por la ley y nunca por la voluntad de los individuos. Ayer lunes, el Tribunal Supremo ha inhabilitado a un año y medio, al 131º  President de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia impuesta al incumplir la orden de la Junta Electoral Central, de retirar con retraso durante la campaña electoral, una pancarta de apoyo a los presos del «procés» en el Palau de la Generalitat.

Artur Mas fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de desobediencia por organizar la consulta del 9 de Noviembre del 2014. Carles Puigdemont fue cesado de su cargo el 28 de Octubre del 2017 y exiliado en Bruselas, por una pretendida declaración unilateral de independencia. Y, Quim Torra por desobediencia a la orden de la Junta Electoral Central de retirar una pancarta. La inhabilitación de los tres últimos «presidents» de la Generalitat de la Catalunya ha sido por desobedecer las leyes, el conflicto entre legalidad y democracia. Unos pensarán que la justicia es la mejor garantía de la democracia y otros pensarán en la ilegalidad de unas leyes y que deben desobedecerlas por razones superiores. Mientras, seguimos sin solución…

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