Ya tenemos sentencia del Tribunal Supremo, que condena a los que unos consideran: «políticos presos» y para otros «presos políticos» catalanes, hasta 13 años de prisión por sedición y malversación. No hubo la violencia necesaria para condenarlos por rebelión, según los siete magistrados, aunque la declaración unilateral de independencia de Catalunya desoyó todas las advertencias de la Justicia, del Tribunal Constitucional y del Gobierno central. Desde el 12 de febrero, que coincidió con el comienzo del juicio sobre el «procés» solo queda frustración y la sensación de que nada ha servido para arreglar este problema.
Unas penas graves para unos y demasiado benévolas para otros, en las que hay demasiadas emociones encontradas por parte de independentistas y de constitucionalistas, donde además se enfrentan emociones sinceras e impostadas por el comienzo de una campaña electoral. Ser objetivo en analizar 493 páginas es complicado, lo más importante es acatar la sentencia, después cada uno tendremos nuestra visión y estaremos de acuerdo o no. Ya hay demasiados juristas para analizarla, contertulios para criticarla y «haters» en redes sociales para añadir más discordia.
Mi opinión, es que el derecho a manifestarse es un derecho fundamental, aunque sea por unas ideas independentistas y que eso no significa que se hable forzosamente de violencia. Ahora, solo nos queda acatar la sentencia por su obligado cumplimiento, pero también tenemos derecho a discrepar, a pensar que había un interés por emplear la palabra rebelión y se ha quedado en sedición, porque no se ha podido demostrar la violencia, se ha demostrado que no existió. Aún así las sentencias son muy duras, quieren ser ejemplarizantes para los que tengan la tentación de volverlo a intentar. La justicia nos debería bastar con que sea justa.
Los catalanes y las catalanas fueron engañados, por una República desmentida por los mismos que han sido enjuiciados, hubo precipitación y falta de «seny», se quiso jugar con fuego y al final se quemaron. Son culpables de vender ilusiones que eran mentiras, jugaron con sentimientos y se olvidaron de tener empatía con todos los catalanes y catalanas que no se sentían independentistas, que querían lo mejor para Catalunya sin dejar España. Ahora, la herida esta hecha y tardará mucho en cicatrizarse.
El problema no era judicial, era político. Ahora, solo les queda cumplir la sentencia los presos independentistas con los beneficios penitenciarios dentro del cumplimiento de las penas o la aplicación de un indulto, que es la medida de gracia que contempla nuestro ordenamiento jurídico, como única solución para que de nuevo juegue su papel la política. Si el PSOE, PP, Ciudadanos y Vox apuestan por el cumplimiento de penas completas, estarán más por la venganza o el odio, que por la justicia. Porque si para ellos fue un golpe de estado, también lo fue el 23-F y no cumplieron las penas completas. Mientras se abren todas las incógnitas a las reacciones de frustración, de los catalanes y catalanas a la sentencia del Tribunal Supremo, seguiremos esperando la campaña electoral…