El indulto es un remanente del pasado, Ley de 18 de junio de 1870, lo cual no es demasiado lógico en un Estado democrático de división de poderes. En la Constitución Española se plasma dicha división: el poder Legislativo legisla, el Ejecutivo gobierna y desarrolla las leyes, y el Judicial juzga y ejecuta lo juzgado con carácter exclusivo. Hay dos excepciones extraordinarias y controlables a la separación de poderes, previstas en la Constitución: los decretos-ley y el indulto. Los decretos-ley supone una iniciativa del poder Ejecutivo saltándose las funciones del poder Legislativo y necesitando su convalidación por éste. Y, el indulto, un instrumento político y legal como medida de gracia, a través de la que el Estado perdona el cumplimiento de una condena de forma total o parcial. Es decir, el poder Ejecutivo corrige lo decidido por el poder Judicial. Lo que está claro, es que el indulto supone interferir en la decisiones de los jueces. Que puede ser una medida trasnochada, pero es legal y constitucional, porque la Constitución exige que el indulto se haga «con arreglo a la ley».
Intentar realizar una comparación con otros indultos recientes, sea gobernando el PSOE o el Partido Popular, es una pérdida de tiempo absurda. Muchos de los indultos, tampoco han tenido demasiada lógica, y se han concedido. Dar un indulto parcial y condicionado a que no cometan un delito en varios años, los presos del Procés, puede concitar una reacción de acuerdo o de rechazo. Se podrá cuestionar si dicho indulto servirá para solucionar un problema enquistado. Podremos o no estar de acuerdo con Pedro Sánchez en la adopción de dicha medida. Pero lo que no se puede discutir, es que ha tomado una decisión, que el tiempo dilucidará si ha sido correcta o equivocada. Lo imposible es lo que no se intenta y Pedro Sánchez lo ha intentado. Además, contando con el respaldo del Congreso de los Diputados, a la moción del Partido Popular pidiendo que se denegaran los indultos, rechazada por 190 votos en contra y 152 a favor. Es decir, el 55% de los diputados rechazan oponerse a la moción del PP contra la medida de gracia. Por lo tanto, los indultos a los independentistas catalanes son legales, constitucionales y democráticos. Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de dar «un golpe de gracia a la legalidad«. Pero, se equivoca. Podrá gustar más o menos, se podrá cuestionar su conveniencia, pero hay algo que se llama principio de legalidad y eso se ha cumplido con la concesión de los indultos. Todo lo demás es ruido y ganas de continuar con la tensión.