La violencia policial durante el franquismo fue sistemática y actuó como el pilar fundamental para reprimir a la oposición política y como control social. Durante la Transición la policía y la Guardia Civil actuaron con extrema dureza para disolver huelgas, protestas vecinales y manifestaciones políticas. Manteniendo tácticas heredadas del franquismo.
Durante la democracia la violencia policial ha seguido existiendo en menor medida. Pero, apoyada en la Ley de Seguridad Ciudadana o «Ley Mordaza» que entró en vigor en julio de 2015, penalizando las concentraciones no comunicadas ante instituciones clave. Tipificando como infracción leve la «falta de respeto y consideración» a los agentes policiales. Y, otorgando a la policía la potestad de realizar registros superficiales y corporales. Además, de infracciones desproporcionadas a los manifestantes.
A esto hay que sumar que el marco de representación sindical en la policía es retrógrado y demasiado conservador. Y, muchos mandos no tienen claros sus principios democráticos. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen por supuesto, la libertad para expresar sus creencias políticas. Pero, siempre que no afecte a un desempeño profesional neutral.
Es evidente que dentro de la policía y Guardia Civil puede haber personas de diferentes ideologías. Pero, muchos de los mandos y de los sindicatos tienen matices muy conservadores. Lo cual se percibe a la hora de tener que realizar alguna actuación. Cuestión que no han sabido zanjar desde el Ministerio de Interior con el Gobierno de coalición. Y, por lo tanto es responsabilidad directa del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.
En estas pasadas semanas hemos observado excesos en las funciones de la policía. La violenta carga de la Ertzaintza contra los integrantes de la Global Sumud Flotilla en el aeropuerto de Bilbao. Las cargas policiales en Madrid contra los educadores del primer ciclo de Educación Infantil de toda España que exigen «unas condiciones dignas». O los docentes en València y Catalunya, que se manifiestan por la mejora de la escuela pública y condiciones económicas.
Porque hay muchas personas en nuestro país que están dispuestas a a defender sus intereses mediante el derecho a la huelga y la manifestación. Miles de personas defienden con sus posturas lo público, la libertad de expresión y sus intereses personales, que nunca deberían de ser reprimidos con la violencia policial.
Hoy domingo en València, un agente de la Policía Nacional ha empujado violentamente a una profesora jubilada. Cuando ella permanecía parada en la vía pública. La violencia es siempre condenable y las fuerzas de orden público no pueden tener actos de violencia policial tan inadmisibles, contra unos ciudadanos que reclaman sus derechos.
En una democracia no tiene cabida el abuso de poder y la agresión. Como no se puede permitir que la violencia policial se incline siempre del mismo lado. Es hora de tener unas fuerzas de orden público democráticas, que pueden tener sus miembros la ideología que ellos quieran. Pero, que sean neutrales en su comportamiento y sobre todo que nadie utilice el puro placer de hacer daño, con su posición de poder. Es necesario democratizar la policía y la Guardia Civil y por supuesto exigir justicia para un policía que no debería continuar siéndolo. Lo de las dimisiones, es una cosa muy poco frecuente en la política española.
