Este miércoles ha entrado en vigor la Reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza, una ley anti-protesta impuesta por el Gobierno a pesar del rechazo general: de partidos, de organizaciones sociales. Nada ha valido, ni las movilizaciones, ni los recursos ante el Tribunal Constitucional, ni las críticas de organismos europeos han logrado frenarla.
La Ley de Seguridad Ciudadana sanciona, prohíbe y criminaliza prácticas tan normalizadas como parar un desahucio, el derecho a la información libre, el derecho a la manifestación por una educación pública, por una sanidad universal, por el derecho a un trabajo digno o por cualquier protesta para cambiar las cosas. La ley mordaza establece penas a los «okupas» de hasta 600 euros por ocupar inmuebles que no sean suyos. Esta ley mordaza no solo castigará aquellos que pongan en marcha una protesta sin permiso, también a los que apoyen y difundan este tipo de convocatorias en redes sociales.
Los españoles a pesar del paro, de la corrupción política, del desencanto en general en nuestras instituciones no hemos quebrantado la paz social. El Gobierno ha querido reforzar la seguridad ciudadana mediante la eliminación de la violencia, pero el Gobierno debería entender que el clamor de los movimientos ciudadanos en defensa de los derechos sociales, como la marea blanca en defensa de la sanidad, la marea verde en defensa de la educación, la PAH en defensa del derecho a la vivienda no han significado desórdenes públicos importantes y sin embargo han significado grandes victorias sociales. Comienza el silencio, se ha optado por la seguridad en detrimento de la libertad, de la defensa de derechos y de una sociedad plural, democrática y respetuosa con las distintas formas de pensar. Una ley que impone restricciones injustificables a los derechos y las libertades, un asunto que concierne a todos los ciudadanos españoles y que depende de tí, de tu voto.