Un aplazamiento electoral es una restricción de un derecho fundamental: el derecho al voto. La mesa de partidos políticos ha decidido aplazar las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero, porque la pandemia supone un riesgo para los votantes. El Govern propone el 30 de mayo como fecha alternativa, mientras que el PSC propone el mes de marzo. No creo que una pandemia sea motivo suficiente para aplazar unas elecciones, si hemos sido capaces de ir a trabajar, de ir a un supermercado, de ir a un bar o de llevar a nuestros hijos al colegio, también podemos votar. No olvidemos que también existe el voto por correo para evitar supuestas aglomeraciones en los colegios electorales, que no creo que existan, por desgracia.
El incremento de positivos de esta tercera ola en Catalunya y el esperado repunte de los casos para las próximas semanas, ha provocado este supuesto aplazamiento, como ya pasó en Galicia y Euskadi, con comicios convocados para el 5 de abril, aplazado finalmente al 12 de julio. A pesar de mi desconocimiento legal, creo que nadie tiene el poder de desconvocar, aplazar o retrasar unas elecciones. Porque aplazar unas elecciones es entrar en un mundo desconocido. El avance electoral de Galicia y Euskadi respondía a la voluntad de sus presidentes, mientras que en Catalunya es la ausencia de president, lo que ha empujado a estos comicios. La situación de la política catalana es muy complicada, la convocatoria de elecciones es un proceso automático para buscar un sucesor a Quim Torra, inhabilitado por desobediencia, donde Pere Aragonès es ahora un president de la Generalitat en funciones y dentro de sus atribuciones no está el poder convocar elecciones. Catalunya necesita elecciones, porque la legalidad está por delante de un aplazamiento para preservar la salud de los intervinientes en la votación.
El coronavirus no es motivo suficiente para un aplazamiento de las elecciones, como no lo fue tras los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando se llegó a debatir sobre la posibilidad de suspender las elecciones generales, convocadas para el 14 de marzo. Y, nunca se debería aplazar unas elecciones por unas supuestas previsiones de contagio que nadie las puede asegurar en ninguna fecha. Los partidos políticos deben pensar en las elecciones y no en los intereses partidistas, son los ciudadanos los que tienen que ejercer su voto. Que no sea la salud una excusa para esperar, unos mejores resultados de encuestas o de candidatos. NI el PSC, con sus buenos sondeos con Salvador Illa como candidato, ni Ciudadanos con sus previsibles malos resultados, ni los independentistas con sus dudas por un aplazamiento, deben cambiar la fecha de estas elecciones. Catalunya necesita un Govern, el que decidan los catalanes, sin más aplazamientos.
Primero, y ante todo, está el derecho a la salud, pero también hay otros derechos que no podemos olvidar, ni permitir que nos los cercenen en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Que algunos países asiáticos como China, han limitado derechos fundamentales para acabar con la crisis del coronavirus, no es la solución. No se puede en nombre de acabar con una pandemia, poner en riesgo la libertad y la democracia. Las cuarentenas deben respetar y proteger los derechos de las personas, desde el derecho a la libertad de circulación a la prohibición de salir de nuestras casas, todo con fines legítimos estrictamente necesarios, como los justificados y enumerados en los Reales Decretos que ha ido aprobando el Gobierno de España.
Pero, ninguna pandemia ni las medidas que se tomen para erradicarla, pueden limitar los derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen una especial protección constitucional. Como es la libertad de expresión o el derecho de voto. En definitiva, aunque sean necesarias medidas drásticas para frenar la actual crisis sanitaria, nadie nos puede usurpar los derechos fundamentales que nos asisten, en virtud de la Constitución, a todos los ciudadanos españoles.
Quizás baje la participación, quizás se pueda plantear si una minoría es la que decide el resultado del voto. Pero, aún así, es lo más justo y democrático, es el Govern el que tiene que facilitar medios alternativos, como el voto por correo, para asegurar el máximo de participación en las elecciones. Y, son los ciudadanos los que tienen que ejercer su derecho al voto. La salud no puede servir de excusa para no votar.