¿Fraude electoral en España?

La derecha ha pasado de utilizar el terrorismo como tema en buena parte de la campaña, a plantear dudas de fraude electoral. Tras dispararse el voto por correo en Melilla y la supuesta compra de votos; la compra de votos en Mojácar (Almería); supuestas irregularidades en la tramitación del voto por correo en La Gomera; un supuesto fraude en el voto por correo en una residencia de mayores en el municipio zamorano de Moraleja de Sayago; otro caso de supuesto fraude electoral en la localidad de Bigastro en la Comunitat Valenciana; y en la localidad de Albudeite (Murcia) por una supuesta compra de votos. De la anécdota, de la excepción parece que la derecha quiere convertirlo en categoría. La candidata del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el candidato a la alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, y el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo han cerrado la campaña con un discurso de Díaz Ayuso acusando a Pedro Sánchez de querer robar las elecciones. “Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo”, ha dicho en referencia a las denuncias de compra de votos de los últimos días. “Pero no lo va conseguir”, ha añadido. Es decir, que parece insinuar que si gana la izquierda será un pucherazo.

Los pucherazos han existido en España, en los dos referéndum durante el franquismo. El primero se celebró en 1947 para aprobar la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. La misma establecía que España era un reino, pero sin rey, y que Franco sería el jefe del Estado con carácter vitalicio y, además, podría elegir a su sucesor. Y, el segundo referéndum del franquismo que se celebró el 14 de diciembre de 1966, con el objetivo de una supuesta consulta popular sobre una Ley Fundamental, la Ley Orgánica del Estado, la cual disponía la separación de la jefatura del Estado y la del Gobierno. Dos pucherazos, donde votaron muertos y vivos, para justificarse el régimen franquista en el extranjero y aumentar la imagen de apoyo de la ciudadanía a Franco. Pero, nuestro sistema electoral está fuera de toda sospecha y nunca se debería caer en generalizar las excepciones, totalmente reprobables, mucho menos cuando se habla de cinco o seis casos de supuesta compra de votos, cuando en España hay 8.131 ayuntamientos.

La derecha ha querido utilizar el mismo mensaje del trumpismo, donde Donald Trump acusó de que un fraude generalizado era el culpable de su derrota en las elecciones de 2020. Trump y sus partidarios con mentalidad conspirativa intentaron impulsar teorías demostrablemente falsas para su propio beneficio personal. La derecha en España intentan crear una gran mentira, para hacer ruido. Intentando plantear dudas en la compra de votos por correo, incluso planteando errores en el recuento y auditoría de las elecciones con las acusaciones del vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons y de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, por lo que califican como «asalto institucional» en Indra, la empresa que da soporte técnico en el recuento de las elecciones. Utilizando el supuesto fraude electoral como una herramienta de propaganda para «derogar al sanchismo».

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