Nuestras democracias están amenazadas, están en riesgo. Hace dos años se produjo la invasión de manifestantes trumpistas al Congreso de los Estados Unidos, este domingo ha habido un intento de golpe de Estado en Brasil, en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia sedes del Congreso, la Presidencia del Gobierno y el Tribunal Supremo de Brasil. Al igual que en Estados Unidos, en que el Capitolio fue invadido por seguidores de Donald Trump, que habían rodeado el Congreso a modo de protesta por la victoria de Joe Biden como presidente, consiguieron romper el cerco de la policía, atravesando varias vallas y entrando dentro del edificio. En Brasilia cientos de bolsonaristas y golpistas, que acampaban desde hacía semanas frente al Cuartel General del Ejército, vestidos de amarillo y verde, los colores de la bandera brasileña, irrumpieron en las sedes de los tres poderes, vandalizando su interior y pidiendo que:» ¡las fuerzas Armadas, salven la Nación!».
Luis Ignacio Lula da Silva, ganó las elecciones presidenciales de octubre de 2022 por la mínima, al derrotar al anterior presidente, Jair Bolsonaro, con el el 50,9 por ciento de Lula contra 49,1 de Bolsonaro. Los brasileños democráticamente escogieron a Lula para gobernar un país completamente polarizado y partido en dos. Tanto Trump hace dos años, como Bolsonaro, no reconocieron la victoria electoral de Biden y de Lula, ninguno de ellos los felicitaron, no reconociendo su derrota y sembrando dudas sobre el recuento electoral. Dos ataques a ambas democracias desde dentro, tratando de destruir sus instituciones e intentando desgastar el sistema democrático.
La ultraderecha desde el autoritarismo, acepta la validez de las elecciones sólo en caso de que sean ellos los ganadores, se olvidan de las mínimas normas de respeto entre adversarios y hacia la libertad de expresión. Convierten las mentiras, las fake news y las realidades alternativas en su verdad, repitiendolas hasta la extenuación por medios de comunicación, redes sociales y discursos. Es el nuevo fascismo, con prácticas autoritarias, antidemocráticas y violentas, movilizando a grupos conspirativos y paramilitares en las calles. Es el triunfo de la antipolítica, intentando captar dentro del descontento de la población, poniendo en duda la credibilidad de los políticos en general, buscando el negacionismo desde el cambio climático hasta la violencia machista o la existencia del Covid, amparándose en una religiosidad y guerra santa contra la democracia, a través del cristianismo evangélico.
Las democracias en general están amenazadas ante este trumpismo y bolsonarismo, donde llegan al poder por la vía electoral para luego subvertir el Estado desde dentro. Es la ultraderecha que ataca a los derechos humanos más básicos, que normaliza el racismo, el sexismo y el desprecio por el adversario. Que convierten la idea de nación en algo sectario, antidemocrático y excluyente. El peligro está en cualquier país, lo que pasó en Estados Unidos hace dos años o lo que ha pasado ahora en Brasil, nos puede pasar a nosotros en España. Son los fascistas de siempre, los que han buscado el golpe de Estado, para conseguir sus propósitos. Estamos en peligro, hemos de preservar la democracia de esta extrema derecha, de los que intentan despreciar y debilitar el sistema democrático, nuestras libertades y derechos.
Lo lógico y lo esperable por parte de la derecha española es la condena del intento de golpe de Estado en Brasil y la responsabilidad de sus declaraciones. No es admisible que la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, busque en los incidentes de Brasil una similitud para atacar a Pedro Sánchez, por la sustitución del delito de sedición, diciendo: «Contigo, en España esto ahora es un simple desorden público» .
El intento de golpe de Estado de Brasil no tiene nada que ver con la sedición, es un delito de rebelión, según el artículo 472 del Código Penal, por tratarse de un alzamiento con violencia contra las instituciones. Las declaraciones de Cuca Gamarra son un desprecio a la verdad. Porque es faltar a la verdad que un ataque contra las sedes del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo en España, estaría tipificado como un “simple delito de desórdenes públicos” tras la reciente reforma del código penal llevada a cabo por el Gobierno.