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Sacar una tanqueta de la policía en las calles de Cádiz, es una forma de represión, de acallar el ruido y de querer poner fin a las protestas de los trabajadores del metal de Cádiz con una antigua tanqueta del Ejército. Los obreros de Cádiz no son delincuentes, están reclamando una actualización del salario y reivindicando sus derechos laborales. Cádiz no necesita que el Gobierno de España le envíe una tanqueta, lo que necesita es un plan de reindustrialización. La irrupción de una tanqueta en barriadas obreras de Puerto Real y San Fernando desató las protestas vecinales y un gran revuelo en las redes sociales, no bastaba con las cargas policiales, el gas lacrimógeno y las bolas de goma, que tuvieron que sacar un antiguo blindado del Ejército cedido a la Policía para reforzar a las Unidades de Intervención Policial (UIP). No defiendo los «piquetes informativos» que no tienen nada de información y mucho de coacción, ni los disturbios de los manifestantes a modo de guerrillas por diversos barrios de la capital, tirando piedras, botellas de cristal, latas o canicas y haciendo barricadas con mobiliario urbano, pero no se puede adoptar medidas por parte de la policía, como querer matar moscas a cañonazos.

Una tanqueta es una imagen que un Gobierno de coalición progresista no se puede permitir, ha sido un error y se debería acompañar con la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Son esas medidas que la extrema derecha sabrá sacar provecho en los barrios obreros. Porque el problema no es solo la negociación del convenio del metal, es un descontento socioeconómico en toda la provincia de Cádiz, con tasas de paro superiores al 23%. Después nos sorprendemos que la extrema derecha obtenga votos en los barrios trabajadores. Nadie se cree que el uso de la tanqueta, de 6,15 metros de largo y 15 toneladas de peso, sea porque había barricadas y se emplea para retirar obstáculos y no contra los manifestantes. Era para meter miedo y para reprimir a los trabajadores que quieren recuperar parte de sus derechos perdidos.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,​ son las que la ley pone al servicio de las Administraciones Públicas para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Su delicada responsabilidad en el cumplimiento de su misión, requiere llevar procedimientos policiales enmarcados en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Los funcionarios en el desempeño de sus funciones, deberían utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y solamente cuando dichos medios resulten ineficaces, no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto o ponga en peligro la integridad de los funcionarios. Existen vehículos para el control de disturbios, cuando no se consigue recuperar la seguridad ciudadana, y se utilizan para poder dispersar a las masas de gente o poder retirar barricadas para facilitar la circulación. Pero, la elección de determinados medios, si es desproporcional, significa una afrenta a los manifestantes. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son los que deben ejercer con moderación y actuar en proporción a la gravedad, ellos son los que tienen en sus manos la violencia legítima, asegurando el Estado de Derecho y el orden social, pero en Cádiz no hacía falta sacar una tanqueta para reprimir a los trabajadores y sus reivindicaciones justas. Ni el Estado puede otorgar la patente de corso a las fuerzas policiales para reprimir la protesta social, ni los manifestantes deben convertir sus reivindicaciones en una violencia indiscriminada contra la policía.