La rentabilidad empresarial muchas veces deja unas graves secuelas en los derechos de los trabajadores, utilizados para conseguir sus objetivos de crecimiento a cualquier precio. Donde solo importa conseguir fuertes y rápidos beneficios por parte de las empresas, rentabilizando las inversiones y ahorrando en costes. Parece que todo vale, para conseguir beneficios, aunque muchas veces se disfraza con una doble moral, en la que las empresas hacen el «favor» a los trabajadores de ofrecerles un puesto de trabajo.
La crisis económica, como todas las crisis, ha sido la perfecta excusa para llevarse por delante puestos de trabajo, nuestro círculo de confort y los derechos adquiridos por las generaciones anteriores. En las empresas los beneficios priman sobre los valores. La línea que separa la rentabilidad y los derechos de los trabajadores y trabajadoras es rebasada siempre en provecho de las empresas. El trabajo es un derecho, aparte de sus obligaciones, los trabajadores deberían de estar protegidos y bien remunerados. Cuando se plantea un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) y aparecen los fantasmas sobre su impacto negativo sobre el mercado laboral, me planteo: ¿cuántas personas de la patronal, empresarios y políticos serían capaces de subsistir con menos de mil euros al mes?
Si los cuatro pilares del bienestar social son: la educación, la sanidad, las pensiones y el trabajo. Y, nos quieren privatizar la educación y la sanidad. Las pensiones no son sostenibles por un problema demográfico, por el envejecimiento de la población y la baja natalidad, además de que la proporción entre trabajadores en activo y pensionistas tiende a desequilibrarse, porque la esperanza de vida de la población es cada vez más larga. Nos queda el trabajo que cada vez es más ocasional, temporal, indirecto y precario, que carece de seguridad en el empleo y en general se cobran salarios muy bajos. En definitiva, los cuatro pilares del bienestar nos convierten en ciudadanos y ciudadanas cada vez más pobres y desprotegidos, donde la explotación es la consecuencia lógica de un sistema capitalista que solo piensa en la rentabilidad.
Por eso, noticias como la de este miércoles 22 de enero, en que se ha acordado entre Gobierno, patronal y sindicatos una subida moderada del SMI hasta los 950 € al mes, es una forma de mejorar las condiciones económicas de muchos trabajadores y trabajadoras, aunque la cifra que no cumple con la promesa de Podemos de alzarlo hasta los 1.000 euros, para evitar problemas en las Pymes. Una subida del 5,5% con respecto al sueldo mínimo diario de 2019, para poder cumplir con la Carta Social Europea, porque los españoles seguimos cobrando menos que la mayoría de europeos. Seguirán la CEOE, la oposición política e incluso las instituciones europeas poniendo impedimentos a futuras subidas, a sus posibles efectos dañinos en la economía y a la derogación de la reforma laboral, pero ni ellos cobran menos de mil euros al mes, ni tienen un trabajo precario, ni están en el paro, por eso no nos conformamos…
No es cuestión de ser progresista, ni sindicalista, ni comunista…, es una cuestión que figura en la Declaración Universal Derechos Humanos de los Derechos Humanos en su artículo 23, en la Constitución Española en su artículo 35 e incluso para los creyentes de la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia sobre el trabajo lo considera un derecho que afecta a la persona humana, a la familia y al bienestar mismo de la misma sociedad.
La obligación de cualquier gobierno es ocuparse de la recuperación social, de reducir el paro y de que no existan trabajadores, que aún teniendo un puesto de trabajo, son pobres, que sus sueldos apenas alcanzan para sobrevivir, que están en el umbral de la pobreza. Desde los sindicatos hasta la propia Iglesia, a través de organizaciones como Cáritas, reivindican un empleo digno.
La recesión económica, las políticas neoliberales y una mayor desigualdad socio-económica están creando una sociedad injusta, en la cual todos somos responsables de cambiarla. Donde las circunstancias de carácter laboral, la unidad familiar, la vivienda, la cota de endeudamiento, la evolución de los precios y la pérdida de nos convierte en más pobres y a otros en más ricos. Los políticos deberían de asegurarnos la dignidad y la distribución equitativa de los beneficios para todos…