Se cumplen 43 años del intento del golpe de Estado del 23-F, ya es hora de la desclasificación de todos los documentos y grabaciones de las conversaciones telefónicas, en poder del Estado, que tuvieron lugar durante la tarde y madrugada del 23 y la mañana del 24 de febrero de 1981. Porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deberían ser conocidas por todos. Se puede entender la necesidad de imponer limitaciones, cuando la información pueda poner en riesgo a personas concretas o, directamente, la seguridad y la defensa del Estado. Pero, ¿ qué secretos no se pueden desvelar después de 43 años?
No es lógico en una democracia como la española que se quiera garantizar el secreto de unos documentos y materiales que reflejan unos secretos que pudieron hacer zozobrar la democracia la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno pero que la entrada del teniente coronel Antonio Tejero lo impidió. En España, seguimos sin hacer nada por la información de los supuestos secretos oficiales, esos asuntos que por lo visto los ciudadanos y ciudadanas de a pie no estamos preparados para conocer. Parece que los sucesivos Gobiernos de la democracia tienen temor a desvelar, restringiendo el derecho de la ciudadanía a acceder a la información.
Un Gobierno democrático como el español debe ofrecer la desclasificación sobre esos supuestos secretos oficiales, pero no solo del 23-F, de los crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo, el terrorismo de Estado de los GAL, la venta de armas a gobiernos autoritarios que cometen crímenes de guerra, la salida del Sahara, el escándalo del espionaje con «Pegasus». Ya es hora de hacer una nueva ley de secretos oficiales y olvidar la ley franquista de 1968 sobre secretos oficiales, aprobada en plena dictadura franquista y que tan solo ha sido reformada en una ocasión, en 1977. ¿En qué afecta a la seguridad nacional los secretos oficiales? Después de 88 años de finalizar la Guerra Civil, 37 años de los últimos atentados terroristas de los GAL o los 43 años del 23-F no tiene explicación alguna que afecte a la seguridad del país.
Es necesario avanzar en transparencia, en desclasificación y no limitar el acceso a información para prevenir, reducir o mitigar abusos y violaciones del Estado. Los secretos oficiales no puede ser una carta blanca que proteja información que pueda esclarecer la vulneración de derechos. El Gobierno de España tiene que plantearse hacer una ley que desclasifique información sensible a esa opacidad. Necesitamos respuestas sobre ¿Cómo se gestó el intento de golpe de Estado del 23F? , ¿Qué papel jugó el Rey? , ¿Cómo funcionaba la guerra sucia de los GAL?, ¿Qué hubo detrás de la salida de España del Sahara? ¿Cómo se negociaron la instalación de bases militares americanas en España? La historia debe ser conocida en su integridad por la ciudadanía, el relato interpretativo de nuestro pasado, visto con una óptica neutra y científica, alejada de las pasiones políticas, porque todos los ciudadanos españoles deberíamos conocer lo que ha pasado, el por qué ha pasado, quiénes somos, dónde estamos y hacia adónde vamos.