La Sanidad Pública es la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de la sociedad. Es en definitiva, una atención sanitaria universal, accesible, con carácter equitativo, financiación pública y totalmente gratuito. Que permite unos cuidados a todos, y sobretodo a los que tienen menos y están enfermos. El neoliberalismo, quiere privatizar la sanidad, buscando una oportunidad de negocio. Durante años la sanidad pública se ha ido desmantelando, observando intentos por avanzar en la privatización. El traspaso de competencias legislativas, ejecutivas y coordinación de la sanidad pública del Estado a las comunidades se realizó de manera paulatina a comienzos de la década de los 80 para comunidades como Cataluña, Andalucía o el País Vasco y concluyó en 2001, con el resto de comunidades. Excepto Ceuta y Melilla donde el Ministerio de Sanidad es el responsable directo de la planificación, gestión y administración sanitaria.
La descentralización sanitaria en que se estructura nuestro país, cada comunidad autónoma ha ido dotándose de un Servicio de Salud propio. Donde en cada CCAA, ha dependido de la voluntad política de los gobiernos autonómicos y por supuesto de sus siglas políticas. En las CCAA gobernadas por el PP se han producido más privatizaciones, mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, buscando el ahorro: olvidando la calidad de la atención sanitaria y de sus profesionales sanitarios en cuestiones laborales y económicas. Lo que ha supuesto paulatinamente que la calidad de los servicios sanitarios empeorará, hasta que la pandemia del Covid-19, demostró todas las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público español, que solo fue subsanado con el pundonor del personal sanitario.
La falta de interés político por la Sanidad Pública en las 17 autonomías, se ha concretado en la masificación y en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los especialistas, las pruebas diagnósticas, las urgencias de los hospitales y lo que es aún más grave en la atención primaria por médicos de familia y pediatras. Dicen que no hay médicos, pero resulta que por su carga laboral y asistencial, por sus condiciones económicas prefieren irse a trabajar al extranjero. Y, lo que es peor, no tienen intención de regresar. El personal sanitario español (médicos, enfermeras) son demandados por la calidad en la enseñanza, el aprendizaje como MIR y su profesionalidad, pero el sistema público no es capaz de ofrecerles las ventajas para no irse.
La ciudadanía debe implicarse en la reivindicación de más financiación y personal para el sistema sanitario público. Pelear por la sanidad pública al igual que se hizo en las mareas blancas contra la privatización y recortes en 2013. Donde se unieron un conjunto de colectivos y movilizaciones organizadas para defender la sanidad pública en España. Necesitamos fortalecer la sanidad pública a todos los niveles, desde recursos materiales y humanos, desde la atención primaria, los especialistas, las listas de espera quirúrgicas o las urgencias en los hospitales, a fin de poder garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos. Sino los ciudadanos nos veremos obligados a pagar por recibir atención sanitaria y una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitarios, como pasa en EEUU.