Se ha alcanzado un acuerdo entre Gobierno, ERC y Bildu para aprobar una ley de vivienda prometida en la investidura, que tras catorce meses de atasco en su tramitación parlamentaria, se ha desbloqueado para que la nueva ley esté en vigor antes incluso del comienzo de la campaña del 28-M. La futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda es la primera ley de la democracia que garantice el legítimo derecho a la vivienda. Una ley que elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler y fija un tope a las subidas del alquiler del 3% en 2024, amplía la declaración de las llamadas zonas tensionadas y rebaja de 10 a 5 viviendas el límite para considerar al gran tenedor y carga los gastos inmobiliarios al propietario. Protege los parques públicos de vivienda y prohíbe la venta de inmuebles a los fondos de inversión, además de creación de viviendas para alquiler social. Convirtiendo la vivienda en tema principal de confrontación para la campaña electoral.
El artículo 47 de la Constitución protege el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», y establece que los poderes públicos adoptarán medidas para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Pero, la vivienda en España se ha considerado un bien de consumo e inversión, en lugar de un derecho, lo que ha dificultado enormemente el acceso a la misma y de forma especial para las personas en situaciones más vulnerables. En 2003, el presidente del Gobierno, José María Aznar, pronosticó que se construirán en España un total de 650. 000 nuevas viviendas, lo que supone un récord histórico y un volumen superior al de Francia y Alemania juntos. Porque estaba convencido de que la solución al elevado precio de la vivienda estaba en ofrecer más suelo y en construir más.
Ante la demanda de casas, los precios aumentaron todavía más. Para satisfacer esa demanda las promotoras generaron más oferta de inmuebles construyendo más pisos. Y así se produjo una espiral en la que cada vez había más viviendas y más caras, produciendo un endeudamiento de los españoles, que acabó con la burbuja inmobiliaria de 2008. Los precios de la vivienda, como el número de operaciones de compraventa se desplomaron y como consecuencia, tanto las promotoras como las constructoras entraron en problemas de caja y de rentabilidad, recurriendo a las liquidaciones y a los despidos, ocasionando una crisis económica que supuso la quiebra de algunos bancos y cajas de ahorros y la inyección de numerosas ayudas públicas para salvar la banca.
La nueva norma abre el debate donde el verdadero problema del mercado de vivienda en España que es la falta de construcción de vivienda social, no de volver a hacer más pisos, como se hizo antes de la burbuja inmobiliaria de 2008. Probablemente la ley tiene todos sus buenos deseos, pero será difícil que la norma modere los precios y que las Comunidades autónomas construyan viviendas con rapidez, porque son las que tienen las competencias. Porque la vivienda social durante años ha tenido la estigmatización de ser una vivienda para “pobres”. En los años 80 del siglo pasado, más de la mitad de la construcción residencial se destinó a vivienda social, actualmente España se encuentra más de 6 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Por eso es tan importante que se regule el mercado inmobiliario, que se garantice el derecho a una vivienda digna y accesible a través del refuerzo de la vivienda social y que no se quede todo en promesas electorales.