La Iglesia Católica, ha inscrito como propios infinidad de templos dedicados al culto y otras propiedades desde 1998, en los Registros de la Propiedad de todo el país. La norma que permite estas inscripciones, es una reforma de la ley Hipotecaria de 1946 que realizó el Gobierno de Aznar en 1998, que permite las inmatriculaciones (el registro de una finca por primera vez), lo que convirtió a los obispos en una especie de notarios y a la Iglesia católica en una gran inmobiliaria,por los que además no paga tributo alguno.
Parece que la Iglesia Católica perderá la facultad de que con una sola certificación, más lo que diga el Catastro, pueda inscribir a su nombre por primera vez un bien, según las enmiendas que el PP ha presentado al proyecto de Ley de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Ejemplos de inmatriculación de bienes por parte de la institución eclesiástica es la comunidad Navarra, donde las diócesis se han hecho con hasta 1.087 propiedades desde 1998. Otro ejemplos más mediáticos son la titularidad de la Mezquita de Córdoba que se registró a su nombre en 2006 como Santa Iglesia Catedral de Córdoba y la Giralda de Sevilla, que se inmatriculó en febrero de 2010 ,con la Catedral y el Patio de los Naranjos, con el nombre de Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla.
Con una simple certificación del Obispo y un gasto total de 30 euros, la Iglesia Católica hizo suya la Mezquita y todo los ingresos de los miles de turistas que la visitan, que pagan un donativo sin impuestos, libre de pago a Hacienda. Se ha producido una especie de desamortización de lo público.
Al contrario que en la desamortización de Mendizabal de 1836 que consistió en la expropiación de los bienes desamortizados a la Iglesia y su posterior venta en pública subasta al mejor postor, que hizo surgir una nueva oligarquía de origen burgués que se hizo con enormes patrimonios. Ahora, la Iglesia se ha convertido en el principal beneficiario de unas inmatriculaciones a gran escala, de tierras, monasterios, casas parroquiales y catedrales que pertenecen al patrimonio público de los ciudadanos y que registran a nombre de la Iglesia Católica.
Hoy todos sabemos que la Iglesia Católica no paga el IBI, que el Estado contribuye al mantenimiento de la iglesia católica con 159,2 millones de euros anuales, como adelanto de 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia.Que la mayoría de las autoridades públicas incumplen la constitución asistiendo a los actos confesionales, presidiendo sus actos símbolos religiosos, aunque España sea un estado aconfesional, considerado así desde 1978, con la aprobación de la Constitución Española.
Por eso creo que es justo, exigir la titularidad pública de bienes patrimoniales como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla, respetando el culto religioso, pero recuperando como bienes públicos todas las inmatriculaciones de patrimonio realizadas por la Iglesia católica desde 1998, porque el patrimonio es de todos los ciudadanos.