Vivimos en una sociedad en la que juzgamos la diversidad, lo diferente o la discapacidad. Hablamos de integración o inclusión, pero el artículo 49 de la Constitución Española cita la palabra disminuidos. Porque la discapacidad no existe, existe la diversidad. A todas las personas, determinadas tareas nos suponen más esfuerzo y dificultad para llevarlas a cabo. Todos tenemos capacidades diferentes. Disminuidos, minusválidos, discapacitados o palabras más infames como mongólicos o subnormales, son palabras que deberíamos desterrar de nuestro lenguaje. Existen muchos tipos de discapacidad, posiblemente tantas como personas. Hoy 6 de diciembre se conmemora la celebración del Referéndum Constitucional de 1978, en el que el pueblo español aprobó por amplia mayoría la Constitución Española. Esperemos que sea el último año, en que la Constitución no hable de personas con diversidad funcional y simplemente hable de personas.
No basta reformar la Constitución para sustituir «disminuidos» por «discapacitados«. La palabra discapacidad significa que hay una limitación en alguna de las capacidades que tenemos todas las personas: hablar, caminar, relacionarnos, comportarnos cuando estamos junto a otras personas. Todo el mundo tiene dificultades y discapacidades, pero no por eso somos discapacitados. La importancia que tiene la Constitución Española, como ley fundamental que prevalece sobre todas las demás, en la que todos los ciudadanos y ciudadanas, así como los poderes públicos, están sujetos a ella es que la Constitución hable de personas y que nadie se sienta discriminado porque la persona que la sufre tenga dificultades para hacer algo o bien, y no pueda hacerlo como el resto.
Sustituir la palabra «disminuidos» por «discapacitados», no es la solución, es eliminar esa palabra y sustituirla por “personas con discapacidad”. Porque, ni son disminuidos, ni discapacitados. Nunca deberíamos hablar de discapacitados, a pesar de que alguien pueda tener una limitación. Hemos de utilizar la discapacidad como un adjetivo, y no como un sustantivo. La Constitución debe proteger a las personas con discapacidad, dando derechos y avanzando en la protección social a los que más lo precisan.