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La Constitución de 1978 organizó el territorio español en autonomías, lo que supuso la descentralización de los servicios públicos en España. Son muchos los que están a favor del Estado de las autonomías, como de sus detractores. Mientras unos piensan que las personas  ven garantizados mejor sus derechos y están mejor atendidos cuanto más descentralizado esté el Estado. Otros piensan que la descentralización supone un gasto mayor, una falta de coordinación, agravios comparativos y falta de solidaridad con el resto de autonomías. Sin olvidar los que recuerdan el caso de Catalunya, para demostrar los problemas que afectan a la propia Constitución y a la propia convivencia de todos los españoles. 

Este es el modelo de Estado que tenemos en la Constitución, con sus ventajas e inconvenientes, pero que ha dado a España los años de más desarrollo y prosperidad.  Las autonomías son las principales proveedoras de los servicios públicos, que chocan siempre con la financiación, es decir,  el dinero que el Ejecutivo central aporta a cada autonomía. Si no hay una autonomía financiera no puede haber un modelo de bienestar. El Estado de las autonomías supuso que todos los territorios recibieran dinero y poder, el problema es que los recursos del Estado no se pueden estirar ilimitadamente y a la misma celeridad que las demandas de las comunidades autónomas. A partir, de la crisis económica de 2008, los recursos del Estado se redujeron los ingresos y se recortaron los gastos o mejor dicho la inversión. 

La descentralización ha supuesto trasladar la gestión de algunos servicios a niveles de administración más cercanos al ciudadano como: la sanidad o la educación. La descentralización ha supuesto un impacto positivo en general, dependiendo de la gestión y de la aplicación de los presupuestos de las instituciones autonómicas en ofrecer los servicios adecuados. El resultado de la crisis económica de 2008, ha destapado que los recortes han sido totalmente negativos, sobre todo en las áreas más cercanas a la ciudadanía, sobre todo en lo que corresponde a sanidad pública. La crisis sanitaria del Covid-19 lo ha agudizado aún más.

La descentralización de la sanidad pública ha supuesto 17 reinos de taifas, agudizados por una lucha partidista y un Ministerio de Sanidad que tiene todas las competencias de Salud Pública y Planificación Sanitaria transferidas a las Comunidades Autónomas. El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta de emergencia internacional con motivo de la expansión del coronavirus, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley General de Sanidad Pública, la gestión de este tipo de alertas, son competencia directa del Ministerio de Sanidad, a partir del 14 de marzo, la declaración de estado de alarma afectando a todo el territorio nacional. Aquí se supone debe comenzar la centralización de una crisis sanitaria, que se ha encontrado con el problema de una descentralización de la sanidad, una falta de preceptos unificados por parte del gobierno y cierta deslealtad por parte de algunos gobiernos autonómicos, buscando el frentismo político.

Somos el país con más muertes por millón de habitantes, el que tenemos mayor porcentaje de contagios entre los profesionales de la salud lo que denota una falta total de medios. Que los datos no siempre son homogéneos, que cada autonomía tiene diferentes formas de registrar si una muerte es debida al coronavirus o no. El resultado es que Sanidad reconoce errores en las cifras diarias, hoy después de más de un mes, el BOE ha publicado una orden por la que se modifican los criterios que las respectivas comunidades autónomas tienen que seguir a la hora de facilitar al Ministerio de Sanidad las cifras de contagios, fallecidos y curados. Un poco tarde ¿no les parece? La culpa no es de la descentralización de la sanidad, es de la falta de gestión del ejecutivo y también la falta de unidad y del frentismo que tenemos en este país…