La violencia legítima del Estado, legitimidad basada en la legalidad en una sociedad democrática, es la violencia que ejerce el Estado. El filósofo Max Weber (1864-1920), afirmó que el Estado ejerce el monopolio de la violencia por definición, que el Estado ostenta el monopolio de la violencia legítima porque se supone que así lo quieren los ciudadanos. El Estado castiga, con una violencia proporcional, a aquellos que ejercen la violencia ilegítima, asegurando el Estado de Derecho y el orden social. La violencia legítima la ejerce el Estado, con sus instrumentos de poder: policía, ejército, órganos de justicia, sistema penitenciario, regulado todo por unas leyes, unas normas legalmente establecidas y legítimas. Que, en nuestro caso, en España sería la Constitución. El Estado puede ejercer violencia legítima contra a aquellos que infrinjan las leyes, según Max Weber.
El referéndum del 1-O en Catalunya, estaba invalidado jurídicamente y desarticulado logísticamente por el gobierno español. Era un problema esencialmente político, donde el gobierno no optó por buscar soluciones políticas sino respuestas policiales. La violencia legítima del Estado, a través de la Policía Nacional y Guardia Civil, hicieron una intervención policial desmesurada, para evitar la celebración del referéndum, afectando la convivencia y poniendo en riesgo la integridad de las personas. La violencia ha empañado la celebración festiva de un referéndum ilegal.
En el referéndum ilegal del 1-O, la acción policial adecuada hubiera sido la fuerza mínima necesaria, para incautarse de los materiales del referéndum y ante la imposibilidad de dispersar de forma proporcionada a miles de personas, nunca se hubiera que haber optado por entrar dentro de los colegios electorales y hacer cargas violentas con material antidisturbios. La opción, tomada y criticada, por parte de los Mossos d´Escuadra: de documentar lo sucedido y levantar acta, hubiera sido más proporcional, que la represión. La violencia legitimada debe tener sus límites, porque el trato degradante vulnera la legalidad.
Todos sabemos y conocemos la fuerza del Estado, la violencia legítima no es la solución. Se puede suspender la autonomía catalana; se pueden encarcelar a cientos de personas; se puede fijar fechas para nuevas elecciones autonómicas; se puede establecer la excepcionalidad de un estado de sitio; se pueden desplegar más fuerzas policiales; incluso, se puede sacar al ejército… Pero, la única solución es el diálogo, por parte de Rajoy y Puigdemont. Catalunya no puede caer en la chapuza, de un referéndum ilegal no pactado y sin ninguna garantía para declarar una supuesta independencia que no tenga ningún apoyo internacional y que propiciará toda la violencia legítima por parte del Estado para acabar con el deseo de ser independientes. Y, España no puede desperdiciar de nuevo la posibilidad de buscar un encaje para Catalunya, buscando un sistema federal que acabe con este modelo territorial y con la crisis institucional más importante en las últimas décadas…