Es necesaria una subida salarial por justicia social, crecen los precios y los beneficios empresariales, pero los sueldos no. Los precios seguirán subiendo y es necesario garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo de compra. Por todo ello, los salarios deben crecer más. Las empresas deben asumirlo, es necesario por razones de eficiencia económica y de justicia social. Los convenios colectivos son los acuerdos suscritos por los representantes de los trabajadores y empresarios para fijar las condiciones de trabajo y productividad, es lo que en definitiva, regula la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten. La negociación colectiva se lleva a cabo por convenios de sector y con ámbito geográfico provincial, es donde se negocian las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores. Alrededor del 90% de los asalariados del sector privado en España ven fijadas sus condiciones salariales y laborales, en la negociación colectiva llevada a cabo entre los representantes sindicales y empresariales. Hay convenios de empresa que afectan fundamentalmente a empresas grandes, mientras que las empresas pequeñas se ven afectadas, principalmente, por convenios de sector, fundamentalmente provinciales.
Los convenios colectivos sirven como referencia para las negociaciones posteriores de otros convenios, en función de la evolución de las expectativas se negocian los incrementos salariales, teniendo la gran mayoría de los convenios colectivos que se firman en España un período de vigencia superior a un año. Es donde se fija habitualmente la cláusula de salvaguarda, que cubre a los trabajadores ante desviaciones de la inflación. especificando si las cláusulas son retroactivas o no, es decir, si generan el pago de atrasos o simplemente suponen solamente el incremento pactado. Los convenios colectivos, además de fijar los incrementos salariales y otras materias en relación con las condiciones laborales, garantiza que las empresas afectadas por cada convenio deben respetar.
En un contexto marcado aún por la incertidumbre derivada de la crisis sanitaria y la elevada inflación del país, la subida salarial es imprescindible. Aunque se haya moderado por tercer mes consecutivo, gracias principalmente al descenso de la luz. El dato adelantado del IPC correspondiente a octubre publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) arroja un recorte de 1,6 puntos, hasta el 7,3% interanual, llegando a situarse en julio de 2022, en el 10,8 por ciento en tasa anual. El principio es sencillo: cuando la subida salarial no se ajusta al aumento real del IPC, el dinero vale menos porque con él se pueden adquirir menos productos o disfrutar de menos servicios. Las personas no pueden mantener su poder adquisitivo porque sus ingresos no rinden igual que antes. Una subida salarial ajustada al IPC, supone que aunque el valor de los productos y servicios aumente, se pueda comprar sin que ello suponga un sacrificio extra para la economía familiar.
El problema surge cuando hay un recorte o una congelación de salarios y pensiones, incluso si aumentan, pero no lo hacen acompasados a la velocidad con la que sube el coste de vida. Esto es lo que está sucediendo actualmente, la patronal se niega a subir sueldos y a negociar convenios, siempre con las veladas amenazas de expedientes reguladores y despidos, además de la supuesta reducción de beneficios por parte de las empresas. Porque el fracaso de un pacto de rentas, significa que los salarios de los trabajadores no van a subir este año en relación al coste de la vida, en definitiva, que los empresarios descartan totalmente vincular los salarios al IPC. Si no hay subida salarial por justicia social, los trabajadores no podrán hacer frente a la subida de los precios. ¿Qué soluciones quedan: la movilización social o aguantarse una vez más?