A veces se congratula uno con la política, ayer martes, el Consejo de Ministros ha aprobó el anteproyecto de «Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia», conocida como Ley Rdodes, que protege la dignidad y los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, frente a la violencia, con medidas de prevención, detección, asistencia y protección. La violencia hacia la infancia y la adolescencia, desde el maltrato físico y psicológico, el abandono, los abusos sexuales, es un problema real y generalizado que se tenía que abordar. Por eso, es tan importante que cuando llegue el proyecto de ley al Congreso de Diputados, su tramitación sea urgente y exista un total consenso parlamentario, donde la ideología no esté por encima de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Dicha Ley,  amplía los plazos de prescripción para evitar situaciones de impunidad; crea nuevos delitos para castigar a quienes usen las nuevas tecnologías para incitar al suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios de los menores, así como actos de naturaleza sexual; todos los ciudadanos tendrán el deber de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores a la autoridad competente; se establece que en todos los centros educativos, sanitarios, de ocio o deportivos se establezcan protocolos de detección y actuación y que en los colegios se cree la figura del coordinador de bienestar; endurece las condiciones para el acceso al tercer grado, la libertad condicional o los permisos penitenciarios para personas condenadas por abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes; la retirada de contenidos en Internet para evitar la persistencia delictiva y que las víctimas realicen una única narración de los hechos ante las fuerzas de seguridad y operadores judiciales. En definitiva, asegurar que los niños, niñas y adolescentes se les crea y se les escuche.

Era una ley necesaria, porque proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia es una obligación moral, en la que todos somos responsables, y que hemos de colaborar en detectar y reportar situaciones de violencia contra menores. A partir de su aprobación en el Congreso de Diputados será, también, una exigencia legal. El resultado será muy similar a lo que sucedió con la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, despertará en la sociedad una percepción social de todos estos delitos, que muchos de ellos no se denuncian, ya que existen muchísimas dificultades para que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer denuncias y que les crean. Una forma de defender frente a la violencia todos los aspectos que puedan suponer desigualdad y desprotección de los menores en esta sociedad. 

Un comentario sobre “Protección de la infancia frente a la violencia.”

  1. El maltrato infantil es una realidad escondida, muy parecida a la violencia de género, que sucede en las casas, en los colegios, en las actividades deportivas… Donde muchas veces, dicha violencia y maltrato surge de los círculos más próximos, donde los menores están más desprotegidos. del día a día de muchos niños y niñas y está en nuestra mano protegerles y evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad. Donde al igual que con la violencia de género, tienen miedo a explicarlo, no se sienten respaldados e incluso muchas veces son ignorados, impidiendo su desarrollo emocional y perjudicando su autoestima. Sin olvidar, la cantidad de gente que les rodea, que conociendo sus problemas, no los impiden ni los denuncian.

    Los menores, hasta ahora, han estado desprotegidos ante la violencia, porque la violencia nunca tiene explicaciones. Porque, cualquier forma de abuso de las personas cercanas y lejanas, recurriendo a la violencia de cualquier tipo, es condenable, independientemente del tiempo transcurrido. Al igual que el abuso sexual o explotación por medio de la prostitución o la producción de materiales pornográficos.

    Que esta ley sirva para reparar todos los casos de víctimas de la pederastia clerical reconocidas en todo el mundo, una política criminal de encubrimiento que aún persiste en algunos rincones de la Iglesia. Y, para evitar el sufrimiento y el dolor de tantos niños, niñas y adolescentes que han acabado con sus vidas destrozadas y familias rotas. Demasiados casos que nunca salieron a la luz, donde los maltratadores nunca fueron juzgados y gozaron incluso de simpatías sociales, mientras los menores nunca se merecieron ni la atención, ni mucho menos la reparación de la violencia sufrida.

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