Todo dirigente tiene que tomar sus decisiones bajo un principio de prudencia y de no maleficencia, sobre todo cuando se trata de la salud de sus ciudadanos y ciudadanas, aunque muchas veces, parece que lo único que hacen es dar palos de ciego. El virus del Covid-19 llegó súbitamente, se extendió por todo el planeta provocando una pandemia con un resultado de contagios, fallecimientos y colapso de los sistemas sanitarios. La solución era la vacuna, pero la sociedad científica comentó que pasaría mucho tiempo. Pero, hubo una financiación inmediata y abundante, aparte de la colaboración y el compartir conocimientos a medida que se iban produciendo y publicando; se aceleraron los ensayos, los organismos reguladores iban recibiendo los datos a medida que se generaban: la fabricación se hizo arriesgando y por adelantado, se simplificaron los trámites y se inició el proceso de autorización de las vacunas en tiempo record. Eso no significa que se olvidara la seguridad, sino que se favoreció tener más vacunas en circulación para que hubiera más personas protegidas frente al virus.
Se supone que la autorización de las vacunas están basadas en el «principio de no maleficencia», un principio moral que se formula en términos negativos, como la prohibición de producir, intencionada o imprudentemente, daño a otros, con un mayor nivel de exigencia que el de la obligación a proporcionar un bien. Es decir, que nunca se hubieran aprobado las vacunas, si realmente sus ventajas no hubieran sido mayores que sus desventajas. Eso no quiere decir que hubiera toda la certeza sobre su seguridad y efectos secundarios. La vacuna creada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca de Oxford/AstraZeneca, ahora llamado Vaxzevria, ha sido el foco de todas las desdichas, la vacuna más adoptada en todo el mundo debido a la facilidad para su conservación y a su bajo precio, ha tenido problemas de suministro, el modificar los grupos de edad a los que se podía suministrar la vacuna a medida que se iban conociendo sus efectos, la decisión de anular la inoculación de esta vacuna en algunos países, la desconfianza de los ciudadanos y todo debido a los casos de trombosis en adultos, que suponen dos por millón. El principio de prudencia es discutible cuando 2 de cada 1.000 habitantes han muerto por Covid-19 en España. Es decir, tenemos mil veces más probabilidades de morir por Covid que de sufrir un trombo al vacunarnos con AstraZeneca.
De momento, en España se vacunará con AstraZeneca sólo a personas entre los 60 y 69 años, ya que los trombos del seno venoso cerebral detectados suelen darse con mayor incidencia en mujeres jóvenes. Pero, todos estos cambios, suscitan mucha desconfianza y miedo en la ciudadanía, y esto provocará un retraso en la vacunación, ante la llegada de una cuarta ola. El riesgo de un trombo después de vacunarnos, es similar a que nos toque la lotería, muchas veces asumimos riesgos superiores conduciendo, haciendo deporte o tomando bebidas alcohólicas… Creo que la decisión debería ser personal y no por principio de prudencia, cada uno debería tener la potestad de aceptar esta vacuna, igual que existe la posibilidad de rechazarla. Si se para la vacunación o se ralentiza por un riesgo mínimo de trombo, estamos facilitando la expansión del virus, porque las vacunas protegen y salvan vidas, incluida la de AstraZeneca.