La presunción de inocencia, para nuestros políticos, cuando son sospechosos de haber conocido, permitido o cometido un delito y siguen en sus cargos es un atropello para la ciudadanía y la democracia.  Por primera vez en la historia española, un presidente del Gobierno ha tenido que cumplir con el principio de que todos somos iguales ante la ley y ha tenido que comparecer, en el ejercicio de su cargo, en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel, de presunta financiación ilegal del Partido Popular. La existencia de una trama de financiación ilegal en el PP: el caso Gürtel, el caso Lezo, Fundescam, los papeles de Bárcenas,…  Serían a lo mejor motivos para dimitir.

Las urnas siempre han absuelto de la responsabilidad política a los máximos dirigentes del Partido Popular, los votantes,está claro que no castigan la corrupción. El voto es ideológico y partidista,  quizás los políticos corruptos pierden votos, pero siguen gobernando generalmente. Igualamos la corrupción en todos los partidos y admitimos con nuestro voto: que como ellos tienen corruptos, preferimos que estén los nuestros… El votante es cautivo a pesar de la corrupción.

De eso se benefician nuestros políticos, que consideran que mientras no se produzca una resolución judicial condenatoria no hay ningún tipo de responsabilidad, lo que significa que para ellos, no hay responsabilidad política sin responsabilidad penal. La responsabilidad política se debería producir con carácter inmediato. La penal, vendrá después con la mesura propia de las causas penales y sus garantías. No podemos hablar solo de criterios de legalidad, porque la mala gestión, la corrupción, la pérdida de ética o de confianza en los gobernantes es un motivo suficiente para el cese o para dimitir del cargo.

La vida política se acaba inevitablemente judicializando, la presunción de inocencia prevalece a asumir la dimisión o el cese. Los políticos y la sociedad no entienden que la responsabilidad política no debe aparejar – por obligación- una sanción de tipo penal. Se puede dimitir o ser cesado y ser inocente. La democracia se convierte en algo descafeinado, desaparecen los elementos claves para su funcionamiento, como el control y la transparencia. Desaparecen para ser sustituidos por la judicialización. Y, como expresión máxima del cinismo, nos cuentan que los votos limpian la posible responsabilidad.

El principio de presunción de inocencia es un principio jurídico penal, que establece la inocencia de la persona como regla, defiende los derechos fundamentales de las personas, la libertad, la propiedad… pero no puede servir para defender privilegios de un político como servidor público. Porque un cargo público no es un derecho, es un privilegio temporal concedido por la ciudadanía y por lo tanto debería dimitir o ser cesado. En un país en el que el procedimiento para un juicio oral puede tardar años y las sentencias firmes se prolongan en el tiempo hasta el olvido, no podemos mantener a políticos con la única excusa de la presunción de inocencia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *