El proceso constituyente en Chile de cambiar la Constitución aprobada en el régimen de Augusto Pinochet, que ha tenido varias reformas desde el retorno a la democracia en 1990. No es lo mismo crear una nueva Constitución según la voluntad y las necesidades de los ciudadanos, que implica elaborar una constitución desde cero, que efectuar cambios de determinados artículos de una texto ya vigente, utilizando los mecanismos previstos en él para su reforma. En Chile han optado por redactar una nueva constitución, donde los ciudadanos en un referéndum constitucional ratifican o no el contenido del texto. Todo comenzó en octubre de 2019, con las protestas contra el Gobierno chileno del presidente Sebastián Piñera y la necesidad del pueblo chileno de tener una nueva constitución.
La propuesta de reemplazar la Constitución recibió el 78% en el plebiscito de 2020. Gabriel Boric asumió el cargo en marzo de 2022, su llegada a la Presidencia estaba directamente vinculada a la búsqueda de un cambio constitucional liderado por independientes y sectores de izquierda. Un texto constitucional que consagraba a Chile como un «Estado social y democrático de derecho» y se afirmaba que además este Estado sería «plurinacional, intercultural y ecológico», donde como en cualquier democracia que se precie de serlo, una oportunidad para reconocer y garantizar derechos a todas y todos, como la interrupción voluntaria del embarazo. Quizás una propuesta demasiado ambiciosa y progresista para una parte de la ciudadanía conservadora. Un proceso boicoteado por la derecha, apoyándose en los medios de comunicación y en la idea de que se trataba de un texto maximalista. El 4 de septiembre de 2022 en el Plebiscito Constitucional, el «Rechazo» se impuso con el 61,86% de los votos.
Este domingo 17 de diciembre, los chilenos rechazaron con el 55,76% de los votos en contra de una nueva Constitución liderada por el Partido Republicano, un texto conservador e ideologizado por la derecha más radical, considerado como retrógrado en materia de derechos civiles y sociales, y por establecer claramente la privatización de la salud y las pensiones. Esta era la segunda vez que la población chilena concurría a las urnas para decidir sobre una nueva redacción de la Carta Magna, los votantes castigaron a la derecha después de haberlo hecho anteriormente con los independientes y la izquierda. De esta forma, queda vigente la Constitución aprobada en 1980 en el régimen de Augusto Pinochet y se acaba la discusión de tener una nueva Constitución.
El proceso constituyente estaba destinado a traer esperanza y finalmente ha generado frustración en la ciudadanía chilena. ¿Estamos preparados en España para hacer una nueva Carta Magna o hacer cambios en ella? ¿Existe el consenso entre los partidos políticos españoles que hubo en 1978? ¿Les interesa o les preocupa a la ciudadanía española reformar la Constitución? En su 45º aniversario de la Constitución Española, hace falta introducir algunas reformas, empezando por suprimir la preferencia del varón en la línea sucesoria de la Jefatura del Estado, la plurinacionalidad de España o la eliminación del término «disminuido» en el artículo 49 de la Carta Magna. ¿Se pondrán de acuerdo PSOE y PP? Aunque la derecha es reacia a los cambios y teme enmiendas que puedan afectar al artículo 2 relativo a la unidad de la nación española, el artículo 8 sobre las Fuerzas Armadas, la inviolabilidad del Rey o incluir expresamente la previsión de amnistía. Quizás como en Chile, seguiremos sin reformas, sin proceso constituyente y con la Constitución que tenemos.