En una democracia no debería plantearse ilegalizar nunca a partidos políticos. La Constitución Española, en el Artículo 1, dice que: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Porque los partidos políticos son la expresión del pluralismo político y por lo tanto, la base del Estado democrático. No podemos restringir las opciones políticas que puedan surgir en la realidad social, por muy radicales que sean, debemos defender la libertad de expresión y el pluralismo. Caben todas las ideas, incluso las contrarias a la Constitución, «siempre y cuando no se defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos y los derechos fundamentales», según fallo de 2003 del Tribunal Constitucional, en la que recoge a la democracia española como no militante.
Sin embargo, una democracia militante se reserva el derecho a defenderse a sí misma de aquellos que intentan atacarla utilizando los resortes que les facilita la propia democracia. Alemania y Francia son democracias militantes, ambas establecen que no pueden ser reformados ninguno de sus preceptos y por ejemplo en Alemania, cuya Constitución prohíbe los partidos contrarios a la democracia. Por lo tanto, en España no se debería plantear ilegalizar partidos políticos, porque somos una democracia no militante, abierta y neutral, reservando al poder judicial la potestad para disolver partidos, solo en casos de comportamientos que quebranten de forma “reiterada y grave” los principios democráticos, como emplear la violencia y el terrorismo para lograr fines políticos.
En España no se puede ilegalizar partidos políticos únicamente por sus ideas, en España hay partidos independentistas, republicanos e incluso fascistas, que mediante el diálogo y sin recurrir a la violencia pueden plantear cuestiones políticas que no pueden gustar, pero que son legales mientras respeten los derechos democráticos fundamentales y con el límite del orden público. Ni se puede ilegalizar el Partido Popular como pedía Gabriel Rufián de ERC, por el espionaje en el caso «Kitchen». Ni se pueden ilegalizar los partidos independentistas, como sugería Santiago Abascal de Vox. Nos hemos de acostumbrar a defender la democracia en las urnas, por mucho que nos moleste un partido por sus ideas. Y, esto sirve igual cuando un partido es franquista, racista, xenófobo, misógino y homófobo. O cuando es republicano, comunista o independentista. Cabe imponer el respeto a la Constitución, pero no exigir la adhesión a sus postulados.
Nuestra democracia no está indefensa, aunque algunos puedan pensar que la lealtad constitucional de ciertos partidos políticos solo lo entienden como un mero trámite procesal, por ejemplo en los juramentos o promesas de la Constitución, del que no cabe derivar adhesión ideológica. Algunos piensan que ciertos partidos respetan la Constitución para poderla destruir. Y, también algunos, piensan que el tema independentista estaría resuelto con una democracia militante.
La democracia supone el derecho a la confrontación de ideas, al disenso y a la libertad de expresión. A respetar cosas que no nos gustan, desde quemar una bandera española o una catalana, quemar la foto del rey o un ejemplar de la Constitución, todo está dentro de los límites de la libertad de expresión y que son una forma de libertad de expresión política. Que tanto los independentistas, como los republicanos pueden luchar por sus ideas y objetivos, pero sin vulnerar los principios democráticos y los derechos fundamentales.
Ya será el Tribunal Constitucional el que con suficiente claridad definirá los límites y lo que son actos inconstitucionales. Recordemos, la Constitución ampara también a quienes la niegan, permitiendo ataques al sistema democrático o a su esencia misma. Será el voto de los españoles y españolas, escogiendo por una u otra opción, el verdadero ejercicio democrático. No es necesario ilegalizar partidos políticos, solo Justicia y votar.