El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, anunció ayer viernes un protocolo de medidas «provida» a las mujeres embarazadas: como un refuerzo de la atención psicológica para aquellas mujeres que lo soliciten, que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que decidan objetar conciencia frente a la realización de un aborto. La derecha de Vox y PP quieren ejercer un paternalismo «provida» hacia las mujeres, con el pretexto, otra vez, de ampliar las «libertades» para esos votantes católicos provida y profamilia. Pero, que esconde una moral feudal y culpabilizar a las mujeres. Es decir, «todas las mujeres que quieran continuar con su embarazo» podrán contar «con todo el apoyo de la Junta», «para ayudar a las mujeres que lo precisen a superar las dificultades para ser madre». La derecha pretende coaccionar a las mujeres y hacerles sentir culpables, haciendo que las mujeres que quieren abortar escuchen el latido o acceder a una ecografía 4D.
El aborto es una interrupción voluntaria, es un derecho, es constitucional, es libre, es progresista, es solidario, es un logro social, defiende a la mujer, es inocuo, es civilizado. Defender la vida de una persona sólo es éticamente correcto si dicha persona quiere vivir, ahora tenemos una madre, que es una persona que alberga un feto y no quiere parirlo y tenemos a los antiabortistas que quieren obligarla a parir. El feto tiene el valor que la madre quiera concederle. Obligar a parir a la madre es atentar contra su dignidad, mientras que dejarla abortar no es atentar contra la dignidad del feto, aunque si no se hace nada el feto llegará a ser una persona después de unos meses. La decisión de una mujer sobre dar o no dar a luz un hijo es una de las decisiones más importantes e íntimas que solo ella debe decidir, aquí no valen las medidas provida de nadie.
Una mujer tiene el derecho a decidir, al igual que tenemos las personas el derecho a decidir el momento de nuestra muerte. A las mujeres no se les puede tutelar, nadie puede intentar desalentarla de interrumpir un embarazo, mostrándole videos o escuchando los latidos de un feto. No podemos caer en argumentos de comparar el aborto con un asesinato o compararlo con la pena de muerte. El aborto siempre ha tenido una larga historia de prohibición y de su práctica, pero su represión nunca ha conseguido evitarlo sino, únicamente, convertirlo en algo más inseguro para la salud de las mujeres y más discriminatorio en función de sus posibilidades económicas y sociales para acceder a un aborto. Por esta razón, es el Estado el que tiene que asegurar dicho derecho a toda mujer que lo quiera libremente ejercer…
Ya está bien de hacer chantaje emocional a las mujeres, para obligarlas a pensar y actuar de una manera determinada. Culpabilizando a las mujeres, anulando su capacidad de decisión. Supongo que todas las mujeres se sienten abrumadas por su embarazo no planificado o por las circunstancias de este, sea personales, económicas o de otra índole. A todas las mujeres que les toca tomar esta decisión, es complicada y tienen que escoger entre un embarazo o una aborto.
Hacer ver que a la mujer, que este no es el camino, no es una ayuda, es un chantaje que solo genera frustración. A lo mejor las mujeres necesitarían más ayudas, que reforzarían su autoestima: laborales, sociales, económicas o simplemente guarderías gratuitas, para quizás no tomar dicha decisión. Pero, nunca imponiendo los deseos por encima de los de las mujeres,
Basta ya, de rezos organizados por los ultracatólicos junto a las clínicas de interrupción del embarazo, de escuchar latidos o ver el feto en una ecografía. Basta ya, de que muchos médicos permanezcan callados y que prefieran objetar negando el derecho de las mujeres al aborto. Porque desde la despenalización del aborto en nuestro país, aprobada el 5 de julio de 1985, hay tres situaciones específicas: malformación fetal, violación, y situación de riesgo físico o psíquico de la madre ,y que está tipificado penalmente.
La ley del aborto, de diciembre de 2022, establece la obligación de las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, de “garantizar la prestación en los centros sanitarios de acuerdo con criterios de gratuidad, accesibilidad y proximidad” y “estableciendo los dispositivos y recursos humanos suficientes para la garantía del derecho en todo el territorio en condiciones de equidad”. Es decir, que las mujeres que decidan abortar, lo deben hacer en un centro sanitario público y solo excepcionalmente en un centro privado acreditado, Porque se ha de evitar la práctica clandestina del aborto y que solo puedan abortar las mujeres que se lo puedan permitir económicamente.