La corrupción política es un fenómeno global, entendida como una falta de ética pública y una utilización por parte de los gobernantes, en beneficio propio o de terceros y en perjuicio del interés general. Supone el desprestigio de la política y la desconfianza de la ciudadanía en el sistema. Todos somos responsables de la corrupción política, de la falta de ética pública de nuestros políticos y gobernantes. Ellos por su falta de ideología y espíritu de servicio, pensando exclusivamente en su propio interés. Y, nosotros por aceptarlo con normalidad. Como los «contratos irregulares» relacionados con el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adjudicado a dedo a un amigo del hermano de la dirigente madrileña por el que este cobraba comisiones. Nepotismo o sospecha de corrupción, forman parte de la poca ética pública de algunos de nuestros gobernantes.
Cuando la ética se aplica y se pone en práctica en el servicio público, cuando se define lo que está bien y mal para la colectividad, cuando se constituye un patrón moral básico de la política y de los políticos, no hay cabida para la corrupción. La ética debe guiar la conducta y la justicia tiene instrumentos para la depuración de conductas indignas. Cada decisión de un servidor público que contribuya a una mala política, no puede ser justificada. Hablar de ética pública es una obligación, es hacer lo correcto y tener respuestas claras y definitivas. Alcanzar la máxima integridad moral en sus códigos de conducta, reforzando la conciencia colectiva, y así evitando que la ciudadanía acepte lo que está mal como normal.
La ciudadanía debería castigar la corrupción y la mala praxis con el voto. Aunque en muchos de sus casos no sea así. Toda aprobación de una falta de ética pública por parte de la ciudadanía, es dar votos a la extrema derecha, a la antipolítica, a negar la democracia. La política debe tener sus normas y conductas específicas basadas en la ética pública, donde la transparencia, la imparcialidad, la objetividad sean los los estándares éticos de las decisiones políticas. con el fin de asegurar las decisiones de nuestros gobernantes.