El garantismo no debe ser confundido, ni con simpatía hacia los delincuentes o blandura frente a ellos. El garantismo no prescinde de la herramienta punitiva de control social que es el Derecho penal. Pero, no se puede creer que el poder punitivo del Estado es la solución a la violencia que sufren las mujeres, que todo se soluciona con el endurecimiento de los castigos. Es como decir, que las únicas penas para un violador fueran la prisión permanente revisable o la pena de muerte. El garantismo no pretende eliminar o suprimir los delitos y las penas, sino sustentarlo en virtud del principio de la libertad y la proporcionalidad, que la pena a imponer debe guardar una necesaria correlación de equilibrio con el delito cometido. No hay menos delincuencia si endurecemos más las penas, ni hay menos asesinatos o agresiones machistas, en una democracia las penas deben ser proporcionadas y pensadas en torno a su posible reinserción. Lo cual nos plantea el debate de si es posible o no reeducar a unos delincuentes que obran en función de una posición patriarcal y machista. Y, que las soluciones deben ser siempre educativas, socializadoras y preventivas, pero no solo punitivas.
Parece que todo el esfuerzo del ministerio de Igualdad de hacer la ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual para garantizar la protección integral del derecho a la libertad sexual de todas las personas mediante la prevención y la erradicación de todas las violencias sexuales que afectan en especial a las mujeres, la quieran transformarla en una ley de seguridad ciudadana. La ley ha aumentado las penas para buena parte de los supuestos, pero también ha rebajado otros. Lo que antes eran “abusos”, es decir, los delitos sexuales menos graves, ahora tienen penas mayores. Y las antiguas “agresiones” o sea los delitos sexuales más graves, con intimidación y violencia, pueden tener condenas un poco menores que antes. Pero, todo con muchos matices, porque todas las leyes tienen un margen de interpretación. Que una ley sea más dura no significa que sea mejor, ni que esta ley no obliga automáticamente a rebajar todas las condenas.
El problema de cambiar la ley del consentimiento, es que quizás ya es tarde para añadir, porque se hubiera tenido que incluir en la nueva ley. Una nueva “disposición transitoria” con el endurecimiento de las penas, porque todos los delincuentes ya condenados podrían acogerse, a la más beneficiosa para ellos. Si se modifica otra vez la ley, como pretende el Partido Socialista y el Partido Popular, solo servirá para aquellas agresiones sexuales que ocurran después de que esa reforma entre en vigor.
No podemos pensar en la represión como instrumento de cambio de conductas, la sociedad moderna necesita mantener una posición garantista en aras de salvaguardar los derechos y garantías que protegen a todos los ciudadanos, tanto víctimas como delincuentes. El punitivismo no cambiará los delitos de la noche a la mañana, se trata de educar y cambiar esta sociedad con la firme convicción en el desarrollo del ser humano y con el objetivo, en su racionalidad y opuesto a la violencia. Y, olvidando de dicho modo calmar la histeria social sobre los delitos de sexo y querer obtener rédito político.