Cuando hablamos de fiscalidad y de impuestos hemos de entender que es la clave para el modelo de sociedad que queremos y como la queremos financiar, en definitiva, el sostenimiento de nuestro Estado de Bienestar. Lo que implica que el Estado destine prestaciones de carácter universal, como educación, sanidad e infraestructuras dirigidas a toda la población; prestaciones de carácter contributivo como las pensiones contributivas, la prestación por desempleo o por incapacidad laboral. Y, también prestaciones compensatorias hacia los sectores más desfavorecidos como: el Ingreso Mínimo Vital, las pensiones no contributivas, las viviendas de protección oficial (VPO), los servicios sociales para personas dependientes o de dependencia. Se hace difícil el sostenimiento del Estado de Bienestar sin el pago de impuestos, por dicho motivo es tan necesario construir una fiscalidad justa y solidaria.
España es uno de los países de la UE con más desigualdad, con un mercado laboral más precario y con más desempleo, hablamos de antes de esta crisis sanitaria y económica del coronavirus. Siempre ha surgido en todas las campañas electorales, el tema de si los impuestos deben subir o bajar. Nadie está dispuesto a pagar más, pero estamos hablando no de cobrarle más al contribuyente, sino de ofrecerle algo a cambio. Lo realmente relevante en materia de impuestos, es que los ciudadanos recibamos unos servicios públicos de calidad, acorde a nuestra carga fiscal. Dicho de otra manera, o se eliminan gastos superfluos y se recorta parte del Estado de Bienestar o se suben impuestos. La opción del Partido Popular de una bajada de impuestos para amortiguar el golpe económico de la pandemia del coronavirus, es una alternativa que dudo pueda ponerse en marcha.
La fiscalidad debe ser justa, es decir redistributiva, el mantra de «no hay que subir los impuestos» se repite desde los partidos políticos de la derecha hasta la saciedad, pero una sociedad que apuesta por lo público, necesita impuestos para poder hacer frente a ese Estado de Bienestar. En la anterior crisis económica, nos dijeron que no había dinero para gastar, que los presupuestos eran limitados, que el límite de gasto no se podía sobrepasar, que se inyectaron enormes cantidades de liquidez a los bancos y se hicieron recortes y precariedad a la mayoría de la población. No se pensó en las personas, solo en la economía financiera y en el aumento de la desigualdad. Solo una fiscalidad justa puede ayudar a la economía real, a ayudar a las personas, a eliminar la pobreza y a garantizar el Estado de Bienestar.
La Constitución Española dice en artículo 31.1 que: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». Eso significa, que tienen que pagar los que más tienen. Pero, que el tema no es solo subir los impuestos: el IRPF, Sociedades o el IVA, es solucionar el fraude fiscal, es decir los impuestos que no se pagan, los que se perdonan, la ingeniería financiera, la economía sumergida, las estrategias de globalización, paraísos fiscales… La paradoja de nuestro país es que se recauda poco y que la presión fiscal no está equiparada a la europea.
La ciudadanía nos cansamos de que exista una evasión fiscal sistémica, tanto legal como ilegal; de que paguen menos impuestos las grandes empresas; de que grandes multinacionales generen ingentes beneficios prácticamente libres de tributación. Que tienes la sensación, de que siempre pagamos los mismos, que el capital fluye hacia el exterior. Yo estoy a favor de la subida de impuestos, de una fiscalidad justa que revierta la creciente desigualdad, que combata la pobreza, que invierta para garantizar el Estado de Bienestar, que busque la sostenibilidad de las necesidades presentes sin comprometer la de las futuras generaciones…
La fiscalidad debe introducir criterios sociales y de progresividad en los impuestos, así como lucha contra el fraude y la economía sumergida. No puede haber un sistema tributario justo sin tener en cuenta que algunos eluden el sistema impositivo y que otros pagan menos de lo que deberían de pagar. Una fiscalidad justa supone tener unos servicios públicos fuertes y de calidad, favorecer la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Sin justicia fiscal no puede haber justicia social.
El gran volumen de gasto en esta crisis sanitaria del coronavirus, tiene que pagarse con la reactivación de la economía y con la subida de impuestos. Hay una clara discriminación entre la fiscalidad que soportan las rentas del trabajo y las del capital, las rebajas fiscales solo benefician a los que más tienen y no se puede admitir el desmantelamiento del Estado de Bienestar privatizando los servicios públicos. Los impuestos son cosa de todos, pero siempre pagando en relación a lo que se tiene.
No es justo que, sociedades instrumentales-patrimoniales y SICAV sean utilizadas por las grandes fortunas para eludir el IRPF y el Impuesto de Patrimonio. En definitiva, pagar menos. Hay que aumentar la progresividad de lo que pagan las rentas del trabajo, pagando más el que cobra más; habrá que reducir exenciones y deducciones de las grandes empresas,… Muchas cosas hay que cambiar, para que el lema de 1978 que decía: «Ahora, Hacienda somos todos. No nos engañemos», se cumpla.