Siempre es necesaria la solidaridad y la equidad fiscal de los que más ganan, y más aún en tiempo de crisis. Pedro Sánchez, ha anunciado este martes, durante el debate sobre el estado de la nación, la próxima aprobación de dos nuevos impuestos temporales a las entidades financieras y a las grandes compañías energéticas para recaudar aproximadamente unos 7.000 millones de euros en dos años.
Hablamos del principio de equidad, que es sinónimo de justicia, el cual se alcanza a través de la capacidad contributiva. Que supone que quienes están en igual situación contributiva, deben tributar la misma cantidad de impuestos (equidad horizontal). Y, quienes se encuentren en diferente nivel, en términos de capacidad contributiva, deben tributar importes distintos (equidad vertical).
A los que siempre hacen alusión a la Constitución Española, recordarles que en el apartado de «Los derechos y deberes fundamentales» en el Artículo 31. 1 dice: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio»
Es evidente que los que más ganan tienen que pagar más. Es necesario, un impuesto de solidaridad a las entidades financieras y a las grandes empresas energéticas, para aquellos que han salido más favorecidos durante la pandemia y la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania.
Tenemos un sistema eléctrico insostenible, que se basa en emisiones elevadas, grandes beneficios empresariales y precios desproporcionados. Debe cambiarse, desde el punto de vista ecológico, de la equidad y la igualdad social, recaudando más ingresos procedentes de impuestos energéticos sobre los beneficios de las compañías eléctricas y no bajando la fiscalidad indirecta con la bajada del IVA.
La solidaridad fiscal de las grandes empresas energéticas y entidades financieras no es una limosna, ni un paternalismo mal entendido, debe ser un compromiso de país. Ante un escenario que genera un divorcio entre los objetivos sociales y los corporativos de las empresas. Donde es necesario otro modelo económico frente al liberal.
En un sistema capitalista, las empresas tiene contraídos fuertes compromisos con sus accionistas, muy diferentes e incompatibles con las necesidades sociales. Por eso, el Estado debe tratar de gestionar ese conflicto potencial de expectativas, buscando una respuesta ponderada que es la equidad fiscal.