La unidad de España y la construcción de un Estado autonómico son los dos pilares sobre los que se asienta la Constitución Española de 1978, como respuesta a una serie de condicionantes históricos y políticos. En el plazo de de 1979 hasta 1995, todo el territorio nacional siguió el camino de las conocidas como “comunidades históricas” y se conformaron diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, como forma de descentralización territorial del poder. Se intentó conciliar la diversidad y el carácter complejo del Estado español en la España de las autonomías. Se pasó de la centralización del Estado a un relativo consenso entre los ciudadanos acerca de la idoneidad de las autonomías, aunque con el paso del tiempo se ha demostrado una cierta ineficiencia administrativa, desde el punto de vista económico más costoso y que ha creado problemas de equidad entre los distintos territorios.
La posible supresión del Estado autonómico cuenta cada vez con un mayor número de detractores por parte de la extrema derecha. Un termómetro lo podemos observar en el poco entusiasmo autonomista entre los ciudadanos de Castilla y León, desde la opinión de desmantelar la España de las autonomías a continuar con el Estado autonómico, pero con menos competencias. En definitiva, el deseo de volver a la centralización del Estado sería políticamente insostenible, aunque sus detractores piensan que podría mejorar aspectos como la cultura, vivienda, servicios sociales, educación, sanidad…, y eliminar el despilfarro que supone tener 17 autonomías.
Lo que no deben olvidar esos patriotas de la derecha es que el sistema autonómico figura en la Constitución y que el Estado autonómico no va en contra de la unidad de España. La Constitución del 78, convirtió a España en uno de los países más descentralizados del mundo. Y, que se debe de mejorar, para satisfacer las demandas de los partidos nacionalistas, encontrando un equilibrio adecuado entre las ventajas de la centralización y las de la descentralización, sin olvidar a nadie, garantizando los derechos de todos los ciudadanos. No cayendo en la centralización de las propias autonomías, que cometen los mismos errores de un Estado centralizado y responsables de la España vacía. Las autonomías funcionan si los ciudadanos y ciudadanas viven mejor. Todo es mejorable, pero la centralización que quiere la extrema derecha no es la solución.