Espionaje, derechos y libertades.

La palabra espionaje se refiere a la acción de espiar, a obtener información de otros. La información secreta es un elemento imprescindible para la toma de decisiones. En todo ejercicio del poder es necesaria la información, sobre un país, un enemigo o un competidor, es importante saber lo que hace y lo que puede hacer, para poseer una capacidad defensiva y ofensiva. A lo largo de la historia se ha ido implantando estructuras de obtención y procesamiento de información secreta a través de agentes de inteligencia, que junto con el desarrollo de las nuevas  tecnologías, han permitido una gran nivel de sofisticación y eficiencia. La información secreta es un recurso inestimable, sea a nivel de política interior, exterior, industrial o informático. El espionaje es un elemento imprescindible para despejar la toma de decisiones.

El espionaje es una constante en la historia, donde se ha recreado la ficción y donde en la realidad casi nadie se entera de que existe. El espionaje tiene una buena parte de ilícito. Sea en la parte industrial donde intentan obtener información de sus competidores para adelantarse a sus competidores en la puesta en el mercado de un producto novedoso. Bien en el informático que utiliza programas del tipo spyware, que se instalan en nuestros dispositivos sin consentimiento y monitorean los movimientos de los usuarios conectados a Internet para obtener información. Y, después está el espionaje de los Estados, sea para obtener información sobre posibles peligros nacionales o internacionales. En todos está en la mente la CIA de Estados Unidos; el FSB, la organización sucesora de la KGB de época soviética; el MI5, el servicio de inteligencia del Reino Unido; el Mosad, de Israel o en España el CNI.

En la web del CNI dice que es un organismo adscrito al Ministerio de Defensa, que colabora con distintos organismos de la Administración, que trabaja para proteger a la sociedad española de distintos tipos de amenazas y que por supuesto actúa bajo la supervisión y el control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que permite ser un Estado de Derecho. Por lo tanto, se debería llegar a la conclusión, de que todos podemos ser susceptibles de ser espiados legalmente. Pero, por supuesto nadie nos informará de que vamos a ser espiados, porque el secreto es la parte más fundamental del espionaje. Porque como dice el CNI en su web: «Creemos que la Inteligencia es la mejor defensa de nuestra sociedad«.

Si somos un Estado de Derecho hay que respetar la ley y eso incluye a todos los poderes del Estado, Instituciones y ciudadanos. Este principio se tiene que aplicar a que el Estado en ninguna circunstancia pueda amparar comportamientos ilegales como el terrorismo de Estado o el espionaje a independistas catalanes. Porque en un Estado de Derecho, los ciudadanos tenemos el derecho a sentirnos protegidos. Ni fue una buena idea la guerra sucia del Estado contra ETA con la creación del GAL, entre 1983 y 1987. Ni la supuesta escucha ilegal al menos a 65 terminales de dirigentes soberanistas catalanes, familiares y abogados, que fueron infectados entre 2018 y 2020, por el sistema israelí de ciberespionaje Pegasus, según ha desvelado Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto.

Como ha dicho el ex president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont: “Estamos ante un nuevo GAL, versión digital”.  Esta supuesta orden de espionaje y escuchas masivas a personas del círculo independentista catalán, vulnera sus derechos fundamentales, reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución Española y por lo tanto de todos los ciudadanos. Es importante la transparencia para conocer quién encargó el hackeo de los teléfonos y si existe la certeza que detrás está el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se sepa toda la verdad y se depuren responsabilidades. Se tiene que saber si esas escuchas masivas tenían el amparo judicial. El Gobierno tiene que dar explicaciones, porque el ser independentista no comporta la pérdida de las garantías previstas en la Constitución y de rebote puede significar el fin de esta legislatura.

Esta entrada tiene un comentario

  1. Andrés Marco Lou

    No podemos confundir el morbo que suscita cualquier asunto relacionado con espías y su mundo envuelto en claroscuros y mitos. Con el peligro que supone que un Estado democrático espie sin mandato judicial. Ni el peligro del terrorismo de ETA, ni el peligro de secesión de los independistas catalanes, admiten la ilegalidad del Estado.
    Estamos hablando de defender el Estado de Derecho, no de atacarle vulnerando los derechos de todos los ciudadanos.

    Si todos estamos preocupados y sensibilizados por el hacking en Internet, que posibilitan la recogida de información privada de un determinado usuario y programas que reconfiguran parámetros de los ordenadores. ¿Cómo no vamos a estar preocupados, si estamos espiados por el Estado? El espionaje siempre consiste en obtener datos secretos, y es lo mismo obtener información privada de los usuarios de correos electrónicos o redes sociales a través de Internet o que a través de Pegasus perdamos toda nuestra confidencialidad.

    Espiar, extraer y difundir información privada de otra persona se considera un delito que vulnera nuestro derecho a la intimidad, uno de los derechos fundamentales de la Constitución. Los ciudadanos y ciudadanas españoles tenemos derecho a tener todo tipo de ideas u opiniones, la libertad nos permite ser republicanos o independentistas, compartiendo y transmitiendo dichas ideas, con la única salvedad de lograr dichos fines respetando la Ley. Orwell ya concebía sus profecías en ‘1984’ como una advertencia, un Estado Gran Hermano que se cree con la potestad de podernos espiar a todos…

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