El terrorismo de Estado es una siniestra práctica, que requiere invocar un cierto principio de realidad objetiva, que se debe analizar desde una perspectiva histórica. Valorando la situación de violencia política que lo desató, el impacto de los hechos violentos y la supuesta justificación política. Muchas veces analizar cosas del pasado desde el presente, es complicado, no tenemos la certeza de si nos referimos al mundo tal y como era o tal como es ahora. Aunque, el terrorismo de Estado, siempre será una demostración de la ineficacia de los medios y instrumentos del Estado contra ciertos fenómenos que no son capaces de solucionar por medios legales. Aparte, de una deslegitimación de la democracia y una falta de respeto a los derechos humanos más esenciales. El contraterrorismo, no debería ser nunca una forma que debiera emplear un Estado, y nadie debería poner trabas para la investigación de dichos crímenes y por supuesto menos para su impunidad. 

Las democracias no son simplemente formas políticas de tomar decisiones por la regla de la mayoría, sino también que sus decisiones tengan legitimidad, por razones de justicia, igualdad y libertad. Ni por supuesto en una democracia se deberían adoptar medidas de una manera unilateral y privada por parte de ningún gobierno, sin el respaldo del Congreso de los Diputados. Ese es el verdadero principio de responsabilidad en las democracias, las decisiones solo pueden ser consideradas legítimas a condición de ser públicas y discutidas en la esfera pública. Lo que sea paralelo a las instituciones y en la tinieblas, jamás tendrá legitimidad y vulnerará derechos básicos como el derecho a tener un juicio justo y el derecho efectivo a la defensa. 

El terrorismo de Estado o guerra sucia en España, transcurrió entre 1983 y 1987, durante los primeros años de gobiernos del PSOE, con la presidencia del Gobierno de Felipe González. Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales contra la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y su entorno. Tras la formación del primer gobierno socialista de Felipe González en 1982, dirigentes del Ministerio del Interior pusieron en marcha los GAL, con el pretexto de combatir a los miembros de ETA refugiados en Francia, país al que se acusaba de dar cobijo a los terroristas. A los Gal se les atribuyen más de una veintena de asesinatos y otros delitos. El Tribunal Supremo condenó en 1998 al ministro del Interior de González, José Barrionuevo, y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, junto a varios altos mandos policiales por sus «funciones directivas» al frente de los GAL. Pocos meses después de ser condenados, el gobierno del Partido Popular de José María Aznar indultó a Barrionuevo y a Vera. Nunca se investigó si el Gobierno de España y Felipe González tenían alguna responsabilidad en ese terrorismo de Estado ilegal e ilegitimo.

Ahora, después de 30 años, la semana pasada se desclasificó un documento de la CIA, fechado en 1984 en que se señala que “Felipe González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas”. Muchos pensarán que no es el momento más apropiado de hablar de estos temas, en plena crisis sanitaria y económica del coronavirus, pero lo que no es admisible es el silencio de una época antidemocrática que ponen en cuestión la Transición Española. Los letrados de Congreso no ponen inconveniente a que se investigue a los Gal, pero el PSOE, PP  y Vox han impedido la creación de una comisión para investigar el terrorismo de Estado. Parece que lo único que une a los políticos es la falta de transparencia: tanto en abrir la investigación sobre la guerra sucia del Estado o  la creación de otra comisión de investigación sobre los presuntos negocios y comisiones del Rey emérito, Juan Carlos I, en relación a la construcción del AVE a La Meca. ¿Demasiada incertidumbre o miedo a la verdad?

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