Llevamos dos años de «bloqueo» del Poder Judicial por la negativa del PP a negociar los vocales, porque es necesario llegar a un consenso los dos partidos mayoritarios: PSOE y PP, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dice el Artículo 117.1 de la Constitución Española que: «La justicia emana del pueblo», es decir que, si la soberanía recae en el pueblo, el poder judicial tiene que tener una legitimidad democrática que debe emanar del Parlamento, que representa a la voluntad popular. Mientras, el CGPJ en funciones, sigue designando cargos como los presidentes de las Audiencias Provinciales y de Tribunales Superiores de Justicia, a los magistrados o las presidencias de sala del Tribunal Supremo, lo cual no es demasiado lógico, que un órgano en funciones pueda designar cargos.
Desde la reforma de 1985, con gobierno del PSOE, los jueces perdieron su potestad para elegir a vocales del Poder Judicial. El PP prometió cambiarlo al llegar al poder, pero no lo hizo, ahora siguen reclamando lo mismo. Hasta dicha reforma, los 12 jueces vocales los elegían los representantes de la magistratura, mientras que los ocho restantes los designaba el Parlamento. Con el final del modelo mixto, el CGPJ en teoría era un órgano independiente frente a las presiones del Gobierno, cuando cambió el sistema empezaron a surgir los fantasmas de la politización del poder judicial. Ante el «bloqueo» por parte del PP, durante dos años a negociar los vocales, PSOE y Unidas Podemos han registrado en el Congreso una proposición de ley para reformar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que consiste en rebajar la mayoría de votos en el Congreso y el Senado y sacar adelante el nombramiento de los vocales judiciales sin necesidad de contar con los votos del principal partido de la oposición. Esta propuesta no ha gustado ni a la oposición, ni a Europa, por creer que se está dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del poder judicial.
Lo que está claro es que la proposición del ley del PSOE y Unidas Podemos, es un elemento de presión para que el Partido Popular se avenga a negociar los vocales, es una alternativa al bloqueo actual. Pero, es una proposición de ley que puede politizar aún más la elección de magistrados y dejarla en manos de los partidos mayoritarios, si ganan los partidos progresistas, los jueces serían progresistas y si ganan los partidos conservadores, los jueces serían conservadores. Realmente es necesaria la reforma de la ley para «evitar bloqueos» por parte de determinados grupos políticos, desde hace décadas se lleva dando vueltas a la politización de la justicia, los culpables son tanto el PSOE como el PP, que no han sido capaces de cambiar el sistema, ni con la mayoría absoluta del PP. Si la Justicia emana del pueblo, hay dos opciones: una que la legitimidad democrática emane del Parlamento o que vocales del CGPJ sean elegidos por un sistema en el que puedan votar y ser votados todos los jueces del país. No se puede admitir que el CGPJ lleve en situación de interinidad casi dos años.
El PP ha argumentado, en estas últimas semanas, que su negativa a pactar la renovación de la cúpula judicial se debe a que Podemos esté en la negociación. Pero, resulta que el Gobierno de España es un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, escogido democráticamente y por lo tanto que emana del pueblo. ¿Qué hacemos para que la justicia emane del pueblo, obviar a un partido que ha sido votado por los españoles? Eso es buscar malas excusas, la exigencia constitucional de renovar el CGPJ, buscar consensos y llegar a acuerdos es la mayor responsabilidad de los políticos, si no lo consiguen pierde la democracia, pierde la Justicia, perdemos todos…