La despolitización de la Justicia sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la política española, todas las formaciones políticas lo han dicho insistentemente, pero todas han sucumbido ante la posibilidad de controlar el Poder Judicial. La sociedad en sí misma, en forma intrínseca, está politizada, la política se da en todos los estamentos y grupos sociales. La pretensión de “despolitizar” a la justicia es un propósito que aparece en todas las campañas electorales, todos los partidos políticos se comprometen a despolitizar un poder, que solo por el hecho de ser despolitizado, asumen su propia politización.

La teoría de la división de poderes, es el principal sistema de control de la democracia, porque la democracia no es solo votar es respetar el estado de derecho, un gobierno de las leyes. La justicia la tienen que administrar los jueces y no los políticos. La percepción por parte de los ciudadanos es que la Administración de Justicia sufre injerencias por parte del poder político, por ejemplo en el caso del Estatuto catalán, cuando el Tribunal Constitucional anuló algunos de sus artículos.

La despolitización de la justicia permite su independencia. No se debería dudar de la división de poderes, porque ponemos en riesgo la democracia y nuestra propia convivencia. Cuando se infringe una ley, la reacción del Estado de Derecho no debe depender de la conveniencia política del momento sino de las leyes. Eso significa que los problemas políticos se deben solucionar gracias a la política y no judicializar la política, esperando que las soluciones las aporte la Justicia. Porque la política es la forma de ponerse de acuerdo, de conciliar posiciones divergentes. 

En infinidad de ocasiones el poder político intenta controlar la judicatura, principalmente el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional, pero los jueces dictan sentencia ateniéndose a la ley, pueden equivocarse, pero existe un sistema de recursos reglado que permite revisar sus decisiones. El poder legislativo es el encargado de hacer las leyes, el ejecutivo de cumplirlas y  el judicial de velar porque se cumplan bien, porque nos gobiernan leyes y no las personas.

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