El estado de alarma que el Gobierno decretó por segunda vez hace más de seis meses, ha finalizado hoy domingo 9 de mayo, el control social del Gobierno de España se ha acabado, en lo que respecta a toque de queda y movilidad. A partir de ahora las restricciones de derechos fundamentales de los ciudadanos quedarán a cargo de las comunidades autónomas y de lo que dicten los tribunales. Un estado de alarma que se ha levantado, con el objetivo de alcanzar el 70% de la población española completamente inmunizada, a finales de agosto. Con una tasa de 198,60 casos por cada 100.000 habitantes este viernes. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 6,85% y en las UCI en el 21,85%. La situación epidemiológica es dispar entre las diferentes Comunidades Autónomas.
Lo que estaba claro, es que el dilema de demorar o no el estado de alarma, era una responsabilidad del Gobierno de España, pero que la gente está cansada de este control social en sus derechos y acceso a la movilidad. Si es el momento oportuno, lo dirá el tiempo y la responsabilidad de la ciudadanía. Toda crisis debilita el tejido social y los aleja de las expectativas de futuro y de seguridad sanitaria. La gente quiere vivir, aunque sufran el riesgo de contraer la enfermedad e incluso de morir. Casi todo el mundo ha perdido el miedo, el populismo de derecha ha recogido esta percepción de la ciudadanía y han vendido un modelo de libertad transversal, que han votado.
El control social no ha sido solo una medida sanitaria, han sido las consecuencias laborales y sociales, los autónomos, los pequeños negocios, la cultura, las deudas… Es el momento de pensar no solo en la salud, sino también en la economía. Aunque las prisas nunca han sido buenas consejeras. La vida en sociedad es imposible sin reglamentar la libertad, sin tener un cierto control social. Los ciudadanos tienen sus derechos, pero la sociedad debe preservar el bien común de todos. Los derechos fundamentales que limitan las reuniones sociales, el toque de queda y los cierres perimetrales deben ser avaladas por la justicia. Ahora, todo queda en la conciencia, el sentido común y la responsabilidad y el respeto a las personas, para que seamos capaces de ganar a la pandemia. Muchas personas no han aprendido nada, de esta pandemia ¡Acaso necesitamos alguien que nos controle? ¿No somos capaces de ser responsables, sin control social?
Estamos muy lejos de la promesa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el pasado 25 de octubre, de que el objetivo era alcanzar cuanto antes una incidencia acumulada de 25 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Seis meses después, este indicador se ha multiplicado por más de ocho.
La vacunación está aún lejos del objetivo de alcanzar el 70% de la población española completamente inmunizada, a finales de agosto. Aunque cinco millones de personas estén con la pauta completa en esta primera semana de mayo y más de 17,1 millones de dosis en total.
Se ha acabado el estado de alarma, pero no la pandemia. La ciudadanía debe ser consciente de la situación en la que estamos, aceptar, elegir y asumir la responsabilidad de sus acciones y ser responsables de sus actos. Nadie sabe lo que puede pasar, pero todo queda en seguir vacunando y la responsabilidad de todos.
Pero, las imágenes de las reuniones de esta madrugada, demuestran que la gente está celebrando un final de la pandemia, más que un final de estado de alarma. Lamentablemente ha pasado, lo que se suponía tenía que pasar después de tantos meses: el desmadre. No podemos culpabilizar solamente a la gente, mucha culpa la tienen nuestros dirigentes políticos. No se puede pasar de un estado de alarma a la libertad más absoluta, sin una desescalada pausada. Se hubiera tenido que esperar a tener una tasa de vacunación más elevada. Las prisas nunca son buenas consejeras.
Nadie quiere proseguir con el estado de alarma. Los que creyeron, el Gobierno de España, en esta medida han llegado al convencimiento de su finalización. Los que no apoyaron el estado de alarma, la oposición de derechas, lo reivindican ahora, pero no quieren tomar la medida de solicitarlo en la Autonomía que sea necesario. Lo importante es culpar al Gobierno de España de todo. Se ha dejado en manos de la Justicia unas decisiones que hubieran tenido que ser acordadas. Mientras, solo nos toca esperar para comprobar las consecuencias, tanto sanitarias como económicas.