Cuando se sufre una alteración grave del desarrollo de la vida cotidiana, sin consentimiento por nuestra parte, por una serie de actos de acoso de distinta naturaleza de forma continuada, insistente y reiterada. Cuando alguien atenta contra nuestra libertad de obrar, entendida como la capacidad de decidir libremente, de vivir sin ser acosados. Parece que en una situación como esta, todos deberíamos tener la capacidad de empatía, de ponernos en el lugar del otro, de ser conscientes de lo que significa el repetido acechamiento por parte de los supuestos acosadores en su espacio familiar. Un escrache es libertad de expresión, es un señalamiento de personas, pero sin que entrañe comportamientos delictivos como el acoso y el odio.
Pero, claro está, siempre que esto no le pase al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, a su compañera la ministra Irene Montero y a sus tres hijos menores. Algunos pensarán que todo esto también está implícitamente en sus cargos y en sus sueldos, y seguro que muchos pensarán que se lo merecen e incluso se alegran de que les pase, por haber estado a favor de su empleo. Una jornada tras otra desde el pasado 15 de mayo, grupos de personas se concentran en el perímetro de seguridad de la vivienda familiar, expresando su objetivo de «no parar hasta que se marchen de España», con insultos, haciendo sonar cacerolas, silbatos o equipos de sonido de alta potencia. Alterando sus hábitos, horarios, lugares de paso, la libertad de poder vivir tranquilamente en su lugar de residencia y suponiendo en definitiva, una alteración grave de su vida cotidiana.
Ha llegado dicho hostigamiento, hasta en sus vacaciones, publicando en redes sociales el lugar exacto en el que se encontraban, donde se trasladaron a increparles y amenazarles, incluso con una pintada en la carretera que decía: “coletas rata”, varias personas vinculados con la extrema derecha. Decidiendo volver a su casa y encontrando de nuevo la misma situación de odio y de acoso de los tres últimos meses. Sin tener ninguna medida, por parte de la fiscalía, para acabar no con un escrache, sino con un acoso lleno de odio. Hemos de saber establecer límites en nuestras críticas, porque la imbecilidad no tiene límites en sus extremos, lo hacían los miembros de la PAH a miembros del gobierno de Rajoy en el 2013 y ahora lo hace la ultraderecha de Vox. Una cosa es tener derecho a expresarnos sobre las personas públicas, otra opción deleznable es insultarlos en las redes sociales, pero nadie debería tener el derecho a que vengan a tu casa o a lugares públicos a insultar, a hacer pintadas o a molestar a la familia de nadie, en definitiva, aceptar la alteración grave de la vida cotidiana de las personas.