La democracia es una garantía de libertad, de derechos humanos y de convivencia. El principio de legalidad es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a un sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la aprobación a determinadas acciones, actos o circunstancias. La independencia es la no dependencia, la posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma y libre. En Catalunya, se han mezclado estas tres palabras: independencia, democracia y legalidad.
Los independentistas creen que los problemas en democracia se resuelven votando para conocer el deseo mayoritario de los catalanes, saltándose la legalidad vigente y votando en el Parlament la aprobación de la ley de referéndum y la segunda ley de desconexión, la de Transitoriedad Jurídica. Junts pel Sí y la CUP han aprobado contra la posición del resto de la Cámara, las normas que regulan cómo serán los primeros meses de una Cataluña independiente en caso de victoria del sí en el eventual referéndum del 1 de octubre. Los independentistas ya han completado su desafío, y ahora esperan las llamadas al orden del Estado, para desobedecerlas.
La cobertura legal al referéndum que el Govern desea convocar para el 1 de octubre, intenta darle legalidad con una disposición en el artículo 3, ante la previsible suspensión de la ley por parte del TC y destaca que «prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto, puesto que regula el ejercicio de un derecho fundamental inalienable del pueblo de Cataluña».
¿Qué pasará? Nadie lo sabe. Cuál será la decisión del gobierno de España para impedir el referéndum, las medidas que adopte para impedirlo, la posición de los Mossos, de los ayuntamientos y de los funcionarios, para defender la legalidad española. Un referéndum sin garantías, un referéndum sin consenso, un referéndum con un censo parecido pero no idéntico al utilizado habitualmente… Un referéndum con un solo objetivo: conseguir la independencia, con el pretexto de defender la democracia anulando una legalidad y creando otra sustitoria.
La III República Catalana, no llegará, como en aquel 14 de abril de 1931, en que la proclamación de la República Catalana por Francesc Macià se anticipó en unas horas y contribuyó a precipitar la constitución de la II República española. Esta vez será diferente o por lo menos esperemos que los acontecimientos posteriores sean diferentes. Ha fallado la política por parte del Gobierno español, buscando judicializar todas las posibles soluciones, sin plantear en los últimos siete años ninguna alternativa para Cataluña. Y, han fallado también los independentistas al no esperar, a no seguir creyendo en la política y saltándose la legalidad vigente.