Nuestra clase política y empresarial confunde lo que es responsabilidad política con responsabilidad jurídica. Puede existir la sospecha de determinados hechos probados y probables de un gestor que han salido a la luz pública y que nunca lleguen a probarse a los efectos de una condena penal. De momento es inocente, pero, la dimisión o el cese siempre debería ser una exigencia. Cuando se asume una responsabilidad política se exige un desempeño con imparcialidad en beneficio de los intereses generales, si dichos resultados no se alcanzan, sea por un comportamiento personal culpable o negligente, o por la conducta de otros de la organización que uno dirige, existe una responsabilidad por dicho fracaso.
El supuesto caso de cobro de comisiones irregulares en las adjudicaciones de contratos de material sanitario, a raíz de la detención de Koldo García, asesor del que fuera ministro de Fomento, José Luis Ábalos, llevados a cabo por el procedimiento de urgencia ante la pandemia, destinados a entidades dependientes de los ministerios de Fomento e Interior, así como a los servicios de salud de Baleares y Canarias. La supuesta relajación de los requisitos de contratación pública durante la pandemia para la compra de mascarillas, supuso que determinadas personas ejercieran de intermediarios de compra de mascarillas cobrando sobornos o comisiones para facilitar estos contratos. La investigación demostrará la inocencia o culpabilidad, pero lo que hay es una responsabilidad política por parte de José Luis Ábalos de convertir a Koldo García de chófer personal de Ábalos en 2018 cuando era secretario de Organización del PSOE, a consejero de Renfe Mercancías, cuando se convirtió en ministro y también vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado. Como asesor de Ábalos y supuestamente abusando de su cargo público, hay una responsabilidad por parte de Ábalos que no ha querido aceptar. No ha querido dimitir y ha anunciado que se pasará al Grupo Mixto para mantener su escaño como diputado y defender su inocencia.
Cuando se ha tenido una responsabilidad política implica que hay que tener un comportamiento adecuado y libre de sospechas en aras al interés público. Se puede ser inocente, no estar investigado, pero si tener una responsabilidad de las personas y sus actos dentro de su organización, mucho más en este caso de proximidad personal y amiguismo. Después. será la Justicia la que juzgará en un proceso con todas las garantías. Pero, lo que no suscita la menor duda es que, desde un punto de vista político, el fracaso de Ábalos es notorio. Porque él era responsable del control de su ministerio y por lo tanto de esa supuesta corrupción política.
En España, donde la Ley electoral vigente obliga a votar listas cerradas, tanto para el Congreso de los Diputados, como en las elecciones autonómicas y municipales, los ciudadanos al ejercer nuestro derecho a votar votamos a unas siglas donde hay una candidatura presentada, no somos nosotros los que expresamos personalmente nuestras preferencias con respecto a nuestros posibles representantes. Pero, sin embargo dicho representante elegido en una lista cerrada es el dueño de su escaño y puede tomar la decisión de abandonar su partido y pasar a formar parte del Grupo mixto, como ha hecho Ábalos. Todo esto produce frustración por parte de los votantes, se siente uno estafado porque los ciudadanos no votaron a Ábalos, sino al PSOE. Y, ahora el PSOE ha perdido un escaño. ¿Dónde está su responsabilidad política? Ni la ha ejercido por su anterior cargo de ministro y ahora cambiando, por muy legal que sea, al manejar el es –
caño a su antojo. Después, muchos ciudadanos se sienten defraudados con la política y los políticos, y estas situaciones no ayudan…