El Ejecutivo y los sindicatos UGT y CCOO han firmado este viernes el acuerdo para la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales sin disminución salarial. Todo ello se reflejará en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores que es donde se establecen las normas y derechos laborales. Los convenios colectivos vigentes tendrán como máximo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la nueva jornada semanal de 37,5 horas, lo que permitirá «ganar tiempo de vida». Lo que permitirá en teoría que sectores como la agricultura, la hostelería, el comercio o los servicios en general, puedan reducir su jornada laboral.
Pero, una cosa es la intención y cosa muy diferente lo que pasará. Primero porque la patronal ha confirmado su «no» a la reducción de la jornada laboral y segundo porque cualquier reglamentación necesita recursos de la Inspección de Trabajo (ITSS), que es el encargado de hacer cumplir la normativa social. Como pasó con la aprobación del real decreto ley 8/2019 donde las empresas están obligadas a llevar un registro de la jornada laboral de sus empleados. Donde la ley establece la obligación de fichar en el trabajo el inicio y finalización de la jornada laboral de cada trabajador, para evitar la precariedad laboral, pero después algunas empresas alteran dichos datos para se estén dentro de los parámetros de la ley. Como se dice vulgarmente «hecha la ley, hecha la trampa». Si la aplicación de la nueva normativa, no incluye un control del registro horario en las empresas y más recursos en la inspección de Trabajo, será imposible que la reducción de jornada sea efectiva.
Solo la falta de que la patronal no esté de acuerdo en la reducción de jornada y que suponga una intromisión en la negociación colectiva, es suficiente para no confiar en convenio entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO no sirva de nada o de muy poco. Es importante, el tiempo para tener calidad de vida, para poder conciliar, pero también subir los sueldos y equiparse a la media europea. Y, sobre todo muchos trabajadores y trabajadoras, cambiarían esta supuesta reducción de jornada, que se cumplirá con los funcionarios, pero no en empresas pequeñas, por poder jubilarse a los 65 y no a los 67 años.