El recurso de inconstitucionalidad es un mecanismo de impugnación ante el Tribunal Constitucional, que tienen a disposición personas e instituciones del estado, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general. Se está imponiendo como costumbre, que cada uno vote lo que quiera, pero si yo no estoy de acuerdo ir al Tribunal Constitucional para defender mi derecho. El Partido Popular ha presentado en los últimos tres años al menos 14 recursos de inconstitucionalidad contra las principales leyes y reformas impulsadas por el actual Gobierno de coalición. El Tribunal Constitucional, desde que terminó el periodo natural de su mandato, prorrogado por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para su renovación, es de mayoría conservadora. Lo que supone, que el sector conservador impone su mayoría relativa para poder tumbar una ley que se ha aprobado por mayoría parlamentaria.
Los políticos hacen que los Tribunales aparezcan cada día en los medios de comunicación. Se habla de corrupción, de imputados, de denuncias… Donde la Justicia se convierte en protagonista político, se distorsiona y se le somete innecesariamente a una serie de cuestiones que los propios actores o fuerzas políticas podrían resolver. Donde se pretende que la Justicia tome resolución sea en un sentido o en otro. Y, esto en la democracia, es un peligro y no beneficia al sistema. El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no se limita al simple enunciado de la misma sino que el órgano judicial debe motivar las razones en las que basa la cuestión, en las que basa su duda de constitucionalidad. El juicio en el que basa el órgano judicial no es solo una posible inconstitucionalidad de la norma, sino la existencia de una duda razonable que el órgano judicial estima que puede ser contraria a la Constitución.
Los llamados «juicios mediáticos», sobre las leyes de educación, eutanasia, el ingreso mínimo vital, las normas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, Catalunya o la declaración de inconstitucional del primer y segundo estado de alarma por la pandemia del Covid. El Tribunal Constitucional se convierte en el guardián de la ley, en que proporcione una solución a un conflicto, conforme a derecho. La derecha del PP y Vox apuestan por judicializar todo lo que no les gusta, con el recurso de inconstitucionalidad. Donde no existe una conciencia de solucionar las desavenencias mediante la mediación, donde se ha impuesto la politización de la Justicia y la dilatación en el tiempo de los problemas. Porque por desgracia, la Justicia no es ni ágil, ni rápida, debido al elevadísimo nivel de ejecutorias pendientes. Y, eso solo ayuda al ruido que pretende imponer la derecha en la sociedad.