El Artículo 104.1 de la Constitución Española, sobre Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado dice que: «Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». No hace referencia a que tenga que existir una policía política, para que interfiera en todos los movimientos que el gobierno juzgue necesarios y que los utilice en su provecho.

En España, durante la dictadura de Franco, existió la Brigada Político-Social, una policía que se encargaba de perseguir y reprimir a todos los movimientos de la oposición al franquismo. Eran los conocidos como «la social» o la «secreta», fueron durante muchos años los encargados de una vigilancia sistemática sobre todos los enemigos sospechosos del Estado y conocidos entre los sectores clandestinos de izquierdas por sus brutales métodos de interrogatorio y tortura. Ejemplo de ello, el ex funcionario de  la brigada político social y guardia civil, Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy El Niño” y el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, participante en el el golpe de estado del 23-F, y que pesa sobre ellos la imputación de un delito de lesa humanidad por crímenes durante el franquismo ordenada por la justicia argentina.

No hace tanto, los medios de comunicación pusieron rostro, por primera vez desde la muerte de Franco, a unos personajes que pertenecieron en su día, a determinados  aparatos policiales políticos y represivos de la dictadura franquista. Una policía poco conocida y olvidada, en eso que en su día se llamó transición modélica y que nadie pensó que podía volver en democracia. Ahora, aparece de nuevo, una mal llamada policía patriótica, que la justicia deberá recoger y documentar pruebas con arreglo a la ley, para acusar a los responsables de esta polícia política y de sus malas prácticas.

Una policía política creada al amparo del Ministerio de Interior, supuestamente bajo las órdenes del ministro Jorge Fernández Díaz, donde aparece un complot desde las cloacas del Estado, desde el escándalo del expresidente del BBVA, Francisco González  y su presunta contratación del comisario José Manuel Villarejo, pasando por investigaciones a independentistas catalanes y las funciones de investigar la financiación de Podemos y filtrar a la prensa todo aquello que pudiera perjudicarlos. Eso que sepamos…

Huele todo esto muy mal: estamos hablando de hacer un uso ilegal de una determinada policía, que pagamos todos; de conspiración política; de violar la privacidad de las personas; de grabaciones a la clase política española y a la clase empresarial; de falsas pruebas; de buscar pruebas incriminatorias falsas; de convencer a terceras personas como el caso de Rafael Isea, exministro de Finanzas con Hugo Chávez, para que éste admitiera pagos del régimen venezolano a Podemos. Un escándalo contra la libertad y los cimientos de nuestra democracia, donde parece que todo el mundo tiene miedo en destaparlo, quizás por miedo a que no se desvelen más secretos…

Un comentario sobre “Policía política.”

  1. La policía política no es un tema solo de Podemos, es un asunto que debería ser prioritario para el gobierno y para todos los partidos políticos. Nos afecta a todos los ciudadanos, porque todos podemos estar «vigilados ilegalmente». Los medios empleados por esta policía política, han sido poco ortodoxos y se han empleado para manchar la reputación de un partido como Podemos.

    Las filtraciones partidistas que están apareciendo en los medios de comunicación, no sabemos ni el origen ni el motivo. El Gobierno, supuestamente, utilizó herramientas del Estado de Derecho contra un adversario político. Se está intentando intoxicar todo: la corrupción, las «fake news», se está atacando a las bases de la democracia para que la gente se desencante y vote a partidos de extrema derecha.

    “La democracia es el menos malo de los sistemas políticos”, lo dijo Winston Churchill. Puede ser que la democracia no sea perfecta y que, los ciudadanos, no siempre seamos capaces de elegir a los mejores gestores. Pero, si fomentamos la desconfianza hacia el sistema, hacia las instituciones, destruiremos lo que ahora tenemos.

    Necesitamos recuperar la credibilidad en la política, en la policía, en la Justicia, en las personas… La decadencia la podemos salvar con nuestros votos, sin caer en el desánimo y luchando por la verdad. De momento el 28 de abril, todos tenemos una oportunidad para seguir confiando en la democracia.

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