La elección de la presidencia del Congreso a la socialista Francina Armengol, demuestra una normalidad democrática. El pacto del PSOE y Sumar con ERC y Junts ha garantizado a la ex presidenta balear ser elegida como tercera autoridad del Estado con 2 votos más de la mayoría absoluta, frente a los 139 votos logrados por la candidata del PP Cuca Gamarra, con el apoyo de UPN y CC. Y, la sorpresa de los 33 votos obtenidos por Ignacio Gil Lázaro de Vox, que han roto su compromiso de votar a la aspirante del PP, por no lograr el apoyo del PP para lograr un puesto en la Mesa del Congreso. Normalidad democrática, simplemente ha ganado la mayoría.
Francina Armengol tuvo el respaldo de toda la izquierda y de los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, lo que ha permitido a la izquierda hacerse con el control de la Mesa del Congreso. Normalidad democrática es que el PSOE sepa negociar con otros partidos, mientras el PP con su victoria en las urnas no es capaz de conseguir la Mesa del Congreso o alcanzar el Gobierno, porque es incapaz de llegar a acuerdos con otros partidos. Normalidad democrática es que se plantee una reforma legal del uso de las lenguas del Estado en el Congreso. Normalidad democrática es que se abra el debate sobre la tramitación de una amnistía y su posible constitucionalidad o insconstitucionalidad.
Cuando hablamos de normalidad, pensamos que es algo que no varía, o varía muy poco, pero también es la repetición de un fenómeno o situación que experimentamos, algo bien conocido y habitual. Transcurrido un tiempo necesario de interacción, cualquier novedad se nos vuelve habitual y pasa a ser parte de la normalidad. Incluso el paso del tiempo nos permite adaptarnos a lo extraño y aceptar lo nuevo como parte de la normalidad. En el ambito personal, familiar, social y político nos hemos acostumbrado a cambiar la normalidad, por surgir cambios cotidianamente aceptados. El imaginario de normalidad colectiva se ha cambiado por el cambio constante, por la idea de cambio, de avance, de mejoras sustanciales. Algunos piensan que en la normalidad anida la lógica del orden, mientras otros pensamos que en el cambio de la normalidad se persigue la mejora, el progreso. Cuando se habla de reformas políticas puede haber variadas interpretaciones que generan conflictos, pero a su vez sirven para implementar cambios a los problemas que están sin solución.
La famosa frase del presidente Adolfo Suárez, en 1976, de «elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es plenamente normal» respecto a la legalización de los partidos políticos y a la inminente democratización de España. Nos puede servir para hacer normal piezas fundamentales como la diferencia cultural e idiomatica de España, de buscar soluciones al problema del independentismo catalán, de dar funcionamiento al modelo político para no perderlo por completo y retomarlo en toda su funcionalidad. No podemos anclarnos en el inmovilismo, en hablar siempre de la «unidad de España» cuando se evidencian sus fracasos. Recae en los políticos la responsabilidad de cambiar lo que no funciona, no es suficiente con evocar principios de resiliencia colectiva en Catalunya o en Euskadi, para mantener una unidad artificial de España.
Se necesita recuperar una praxis reformista del Estado sobre la sociedad, actualizando el discurso retórico de la normalidad por la responsabilidad. Vislumbrando soluciones a las problemáticas, huyendo de posturas radicales
de opinión y buscando el difícil consenso, evitando que aquellos que poseen un criterio diferente sean vistos como enemigos y mucho más cuando tienen repercusiones negativas elevadas. España necesita alcanzar la normalidad democrática con la «diferencia». Si España es plural y diferente, eso debe ser reconocido por todos como normal. Los problemas que se quedan sin solucionar, crean un comportamiento de reacción que hacen a las sociedades más frágiles, que impiden su acople. Una propiedad de la normalidad tiene que ser normalizar los cambios y no obcecarse en mantener factores que solo mantienen fragilidades y enemigos. Normalidad democrática puede ser buscar nuevos caminos hacia una amnistía, como lo fue la Ley de Amnistía de 1977 con objeto de buscar la reconciliación social de los españoles. Si fuimos capaces de aceptar la amnistía de los presos políticos y de delitos que incluían actos políticos, rebelión, sedición y denegación de auxilio que hubieran sido cometidos antes del día 15 de diciembre de 1976, ¿Por qué no podemos hablar de amnistía para los implicados en el «Procés»?